Para la libertad
El autogobierno de Euskadi, tal como se configura en la Constitución y el Estatuto, constituye el mejor camino de entendimiento entre los diferentes y plurales sectores sociales y políticos del país. Sólo en este marco nos parece posible desarrollar una política constructiva y creadora, integradora y abierta a toda la sociedad. Por el contrario, una política que condujera hacia la autodeterminación o, como algunos sostienen, hacia la independencia, añadiría a la fractura que ya padece el país, como consecuencia de la violencia de ETA y su entorno, una quiebra social y política aún mayor.
No hay idea más perniciosa que la de pensar que, una vez introducida la posibilidad de poner en marcha el Plan Ibarretxe para satisfacción del nacionalismo, se abriría como por ensalmo el camino del cese de la violencia y el terrorismo, junto a la deseada pacificación y normalización de la sociedad vasca. Constituye una falacia, porque ni ETA ni sus apoyos políticos quieren eso. Hoy, el lehendakari con su Gobierno nos plantea otra estrategia con los mismos objetivos bajo la rúbrica de Propuesta de Estatuto Político para la Comunidad de Euskadi, donde la autodeterminación está encubierta y la idea fuerza de su iniciativa, con efecto narcotizante, no es otra que justificar la iniciativa con la excusa del fin de la violencia.
El pacto que establecimos entonces nos obliga, entre otras cosas, a no pretender modificarlo unilateralmente
Vincular autodeterminación y fin de la violencia, ligando esta reivindicación política al final dialogado de la misma, constituye un profundo error de carácter interesado por quien así lo plantea. Ni la violencia puede servir de argumento para intentar conseguir mayores cotas de autogobierno o para plantear cambios en el escenario constitucional y estatutario, ni tampoco de freno para llevarlos a cabo. Sólo un vuelco en el debate, que resitúe éste en el terreno de fortalecer el consenso en torno a la Constitución y el Estatuto, podría servir para visualizar con fuerza el foso que separa el planteamiento de los violentos y de los demócratas. Sin embargo, no es realista pensar que el nacionalismo vaya a aceptar este enfoque, ni que el debate pueda concluir por ahora en propuestas aceptables para todos. En estas condiciones, la prudencia política, y también la responsabilidad, aconsejan aplazar el debate hasta que la violencia haya desaparecido y, de esta forma, todos en Euskadi estemos en igualdad política donde poder ejercer nuestros derechos.
El nacionalismo debiera ser capaz de entender que la Constitución es algo más que la Ley Fundamental, una ley de leyes, incluso cuando, como en el caso de la española de 1978, posee carácter normativo y es por tanto de aplicación directa. La Constitución es un pacto al que llega una sociedad en un momento histórico irrepetible, que contiene compromisos que no pueden ser alterados por procedimientos diferentes a los que la propia Constitución previó, como hoy se nos plantea con la propuesta de Ibarretxe. La Constitución de 1978 fue la salida a la crisis del Estado después de la dictadura. Con ella establecimos un pacto de convivencia que estaba sin cerrar desde que en 1936 la violencia de los militares golpistas quebró la legalidad constitucional de 1931.
En el momento constituyente de 1978 decidimos seguir viviendo juntos como nación unida, lo que por cierto había venido sucediendo sin ejemplo en contrario y con muestras explícitas de esa voluntad común desde hacía cinco siglos. Pero aun en el supuesto de que no se estuviera de acuerdo con esta afirmación, la Constitución no se limita a reflejar el pasado. Al contrario, la Constitución suele romper con el pasado porque aspira a corregir defectos. España, en 1978, no se limitó a aceptar su unidad por inercia del pasado sino que, con la Constitución, España se refunda como nación y rompe con un pasado en el que el derecho al autogobierno de las nacionalidades y regiones que la integran no se había reconocido jamás como fórmula general.
Para los socialistas, la España democrática y autonómica es una comunidad política y cultural de la que formamos parte integrante, que enriquece el acervo político, cultural y social de los vascos, un espacio que complementa nuestras posibilidades de desarrollo económico y social, que construimos con lealtad recíproca. Las reglas de relación las hemos establecido conjuntamente los ciudadanos españoles en la Constitución y los vascos en el Estatuto. Ese es el pacto fundacional de nuestro País Vasco. Sin esas reglas de relación, el autogobierno que venimos construyendo no hubiera sido posible. Todos las aceptamos o las acatamos, fuese cual fuera el proyecto político de máximos o las legítimas ambiciones que unos u otros querían defender democráticamente. Y ese pacto nos obliga, entre otras cosas, a no pretender modificarlo unilateralmente. Por eso, los planteamientos que se hacen con la propuesta de Ibarretxe, lejos de conducir a una mayor convivencia, no hacen sino introducir elementos que quiebran la misma. Hoy, cuando vamos a cumplir 25 años de Constitución, el mayor compromiso que debiera obligarnos a todos los demócratas es hacer que la convivencia funcione.
Por ello, 25 años después, el mejor homenaje que podemos brindar a su legado, es defenderla como compromiso diario para la libertad. En Euskadi, la defensa de la Carta Magna no es otra cosa que rebeldía social frente a la indiferencia y la cobardía. Y compromiso colectivo a favor de la vida.
Javier Rojo es secretario general del PSE de Álava, senador y secretario de Política Institucional del PSOE.
