Graduados universitarios a todos los efectos
Dada la importancia que podrían tener las actuales reformas educativas españolas dentro del espacio europeo de educación superior, los ingenieros técnicos, arquitectos técnicos y diplomados no debemos evitar el análisis riguroso de las repercusiones sociales y laborales que, no tardando, veremos sobrevenidas en un nuevo mercado laboral y serán consecuencia de una posible aplicación de los borradores de reales decretos elaborados para el desarrollo de la Ley Orgánica de Universidades en lo referente a los nuevos estudios universitarios de grado y posgrado.
Inmediatamente detectaremos que, el pasado 3 de octubre, se remitió a las universidades la segunda versión de dos proyectos de real decreto, de fechas 25 y 26 de septiembre, que sustituyen a los anteriores, publicados el 3 de junio. Donde destaca una nueva redacción por la cual el Ministerio de Educación rectifica lo que hubiera sido un injustificado trato de preferencia de los ingenieros, arquitectos y licenciados, frenando así lo que también hubiera sido un serio agravio para los ingenieros técnicos, arquitectos técnicos y diplomados. Graduados universitarios, quienes -en igualdad de condiciones- vieron, en aquellos primeros borradores, que sólo a ellos se les pretendía negar las oportunidades para la igualdad en el espacio europeo.
Ello demuestra que el ministerio sabe reconocer posibles defectos de un borrador y da señales de que puede optar por garantizar la igualdad de oportunidades a quienes están en igualdad de condiciones. Ya que, hasta la fecha, a cualquiera de los grupos citados, indistintamente (ingeniero o ingeniero técnico), siempre se les ha reconocido como titulados universitarios, tras cursar y finalizar una carrera terminal que, en cualquier caso, les faculta para el ejercicio profesional y les da acceso al mundo laboral.
No obstante, queda pendiente la definición de un nuevo catálogo oficial de títulos universitarios que, sin más demora, debería acabar con los adjetivos "superior" y "técnico". Epítetos que nos distinguen y, al tiempo, nos distancian tanto en lo personal como de los demás países europeos. Por eso, es necesario hacer especial mención a la disposición transitoria tercera del borrador, que propone regular el acceso de los actuales titulados universitarios a los programas de posgrado. Este punto sorprende porque, sin garantizar la igualdad citada, deja al descubierto la parcialidad del redactor, quien aboga, injustificadamente, por un trato preferente a favor de los ingenieros, arquitectos y licenciados, en perjuicio de los ingenieros técnicos, arquitectos técnicos y diplomados. Sobre este aspecto relacionado con el acceso de los actuales titulados a los estudios de máster y/o doctorado, resultando evidente que por la actual redacción se pretende condicionar sólo a los ingenieros técnicos, arquitectos técnicos y diplomados, tratando de obligarles a acreditar unos requisitos generales de formación inexistentes o de futura elaboración.
Podría deducirse que, inexplicablemente, de nuevo, se trata de ningunear a las titulaciones de grado universitario que, hoy por hoy, en este país son las más cercanas a la demanda social y al nuevo modelo europeo en lo referente a una capacitación para el empleo en un tiempo de estudios razonable. Cuando, además y por si fuera poco, se da la paradoja de que, conforme a la nueva unidad de medida para la de transferencia europea, más conocida por su acrónimo, ECTS, al computar los estudios universitarios cursados, a modo de ejemplo, por un ingeniero técnico en cualquiera de sus especialidades, queda demostrado de modo palmario que estas carreras universitarias serían homologables a 240 créditos y equivalentes a cuatro años de formación.
Por ello, resulta muy preocupante y conmovedor detectar que alguien, consciente o inconscientemente, desde el ministerio utiliza la ventaja que le confiere la redacción del documento para menoscabar a ingenieros técnicos, arquitectos técnicos y diplomados, y, por si fuera poco, que además existen indicios de una probable utilización aviesa del método experimental (error/rectificación) por el que se escriben los borradores legislativos. Esta técnica, que se utiliza fuera del laboratorio y que por estos borradores se ensaya directamente sobre personas, se convierte en un delicado y dañino instrumento utilizado, posiblemente, para mermar, poco a poco, nuestro "potencial profesional y/o personal" y evitar que puedan eliminarse las reminiscencias por las cuales, todavía hoy, inmersos ya en el siglo XXI, se actúa en nuestra contra tratando de bloquearnos el acceso a futuras oportunidades de empleo. Con el agravante de que desde el anonimato no se sabe quién llega a traicionar, oficiosamente, la confianza del Gobierno. Con lo que ello representa, es decir, que este último puede ser capaz de actuar en contra del interés general de la ciudadanía a la que pertenecemos.
En estas circunstancias, el último borrador, aunque mejora notablemente la anterior redacción, veta a los actuales graduados universitarios el acceso directo a los estudios de posgrado, y en un mercado laboral único y en una nueva Europa impide incrementar nuestra competitividad tanto nacional como internacional. Cuando, sin embargo, somos muchos los que calificamos de inaceptables las posibles diferencias que se recogen en la citada transitoria, pues, si éstas se mantienen, devaluarían al 45% de las actuales carreras universitarias.
Por todo lo cual, en mi modesta opinión, hay que reconocer que la transitoria tercera del proyecto aludido merece un rotundo y categórico rechazo, porque en ella se plantea una posible imposición de injustificados e ilusorios mecanismos académicos de equiparación u homologación para el acceso al posgrado de varios miles de titulados universitarios quienes, tras no poco esfuerzo, son y deberían ser graduados universitarios a todos los efectos.
David Corbella Ribes es profesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid.
