Los paramilitares de Colombia inician la entrega de armas al Gobierno
Los combatientes volverán a sus comunidades tras participar en un programa de reinserción
El Comandante R -un hombre de 37 años que hasta hace poco sólo mostraba su cara de estudiante de Derecho- fue el primero en entregar su revólver. Lo dejó en manos del comisionado de paz del Gobierno colombiano, Luis Carlos Restrepo. Éste lo depositó en una tarima colocada en el suelo. Luego, uno a uno, los hoy 855 ex combatientes del Bloque Cacique Nutibara (BCN) -uno de los grupos paramilitares más vinculados al narcotráfico- fueron dejando sus armas. Había de todo: ametralladoras, revólveres, fusiles, armas de fabricación casera. El Ejecutivo pretende que a finales de 2005 estén desmovilizadas las 13.000 personas que forman las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Una canción acompañó este largo desfile: "Ya vienen nuestros hermanos dejando armas por paz". Pero no todo era alegría. "Estuve medio triste y medio esperanzado", comentó el alcalde electo de Medellín, Sergio Fajardo -un matemático independiente que en enero asumirá las riendas de esta ciudad-, después de terminado el acto que se realizó en el palacio de exposiciones. "Tengo que ser optimista", dijo a este periódico, "el reto es afianzar esta oportunidad de paz".
No es fácil. Los 855 reinsertados, entre ellos 48 menores, fueron concentrados ayer mismo en una población cercana a Medellín, capital de Antioquia. Allí permanecerán tres semanas, asistidos por psicólogos, educadores y abogados, y luego regresarán a sus casas a trabajar por la comunidad. Como explicó Geovany Marín, el Comandante R, a varios periodistas, en una inusual conferencia de prensa en lo alto de una montaña el lunes por la mañana, la idea es capitalizar el apoyo que tienen en las comunidades para construir un partido político. "Es un apoyo a la fuerza, no por convicción", afirma un sacerdote, desvirtuando esa posibilidad.
Garantizar la seguridad de los desarmados es para algunos lo más difícil en este primer paso del acuerdo pactado el pasado mes de julio entre el Gobierno del presidente colombiano, Álvaro Uribe, y ocho Comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, con la idea de llegar en dos años -antes de finales de 2005- a la desmovilización de unas 13.000 personas de una organización que en Colombia ha sido sinónimo de barbarie. La estructura militar que se desintegró ayer llegó a controlar en menos de dos años el 90% de Medellín. La táctica utilizada por el BCN no es un secreto: captó, con dinero o con amenazas, las más de 400 bandas de esta ciudad herencia de la época del narcotráfico, hasta lograr articularlas. "El BCN usa la misma estructura del narcotráfico de los años ochenta, que ha ido evolucionando en todos estos años", resumió un analista. Y de manera gráfica lo explica: "Les cambió el lenguaje. Los integrantes de estas bandas aprendieron a decir "comandante" en lugar de "patrón", empezaron a escuchar a sus "voceros políticos" y a realizar trabajo social bajo la sombra del poder militar.
Aunque el Comandante R lo niega -"Todos los que se entregan son autodefensas orgánicos", ha repetido a los periodistas-, los que conocen esta ciudad, considerada cuna del negocio de la droga, saben que en la historia de estos hombres, que ayer en su mayoría bajaron la cabeza cuando se pidió un minuto de silencio por todas las víctimas del conflicto, se esconde un pasado de delincuencia. Los que apoyan este ensayo de reconciliación reconocen las debilidades del proceso, pero alzan los hombros y dicen: "No teníamos otra opción". Del éxito de este experimento, ha repetido el Gobierno, depende la posibilidad de acuerdos con otros grupos armados.
En los barrios pobres colgados de las lomas de Medellín, donde se han sentido todas las guerras -la del narcotráfico, la guerrilla, los paramilitares-, y donde niños y jóvenes han sido a la vez víctimas y victimarios, hay incertidumbre. "No sé; me da miedo; esos muchachos están acostumbrados a hacer cosas malas", comenta una mujer. Su hijo, que estuvo enredado en las milicias del Ejército de Liberación Nacional (ELN), teme que la guerrilla vuelva a copar las barriadas.
Un hombre mayor y canoso, mientras mira desde lo alto la ciudad, asegura: "Ustedes critican mucho, pero los que sabemos somos nosotros, que hemos vivido estas violencias. La desmovilización es buena, de alguna manera se tienen que enderezar las cosas". Este hombre no teme el regreso de los que ayer, al menos de dientes para afuera, dijeron sí a la paz. "Mil armas entregadas son mil armas menos para hacernos daño. Además, ellos vuelven con el cerebro lavado por el Gobierno...".
Un proceso 'sui géneris'
Es la primera vez que un grupo armado de derechas deja sus armas antes que sus oponentes de izquierdas; es, además, la primera vez que la desmovilización se da al comienzo, no al final de un proceso de paz. Según un investigador del conflicto armado, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) tenían la urgencia de mostrar resultados tras un año de acercamientos y diálogo con el Gobierno de Álvaro Uribe, y necesitaban también neutralizar la imagen de narcotraficante de don Berna, el comandante del grupo de 885 paras que ayer dejó las armas.
En Medellín se habla de este hombre de 42 años como del nuevo Pablo Escobar, el capo de capos muerto hace l0 años en esta ciudad. Sólo hasta ayer, en el acto de entrega de armas, el país conoció su cara. Don Berna o Adolfo Paz, como se le conoce ahora, que negocia en nombre de las AUC con el Gobierno, fue uno de los tres comandantes que "hablaron a sus tropas", a través de un vídeo, en el acto de entrega de armas. Es un hombre robusto, de hablar sencillo y espeso bigote. Se dice que es uno de los hombres más ricos del país.
En el vídeo apareció al lado de Salvatore Mancuso y de Carlos Castaño, quien aprovechó, como hace siempre, para reclamar del Gobierno un tratamiento más político. Castaño, el más conocido de los paramilitares y sin duda el más hábil, reiteró que el interés primario de su organización ha sido la autodefensa, la lucha contra la guerrilla. "Este interés debe primar sobre los otros intereses", dijo. Aunque no lo aclaró, muchos entendieron que entre líneas hablaba del narcotráfico. Algunos analistas aseguran que la única opción que tiene esta organización, que por décadas sembró el terror en el país, es alejarse de este negocio. La petición de extradición por parte de Estados Unidos de dos de sus comandantes es uno de los múltiples obstáculos para este intento de alcanzar la paz. Algunos creen, basándose en el pragmatismo norteamericano, que este escollo se puede obviar si ayudan a la lucha contra el tráfico de estupefacientes, dando información sobre rutas, redes y mercados.
Pero el obstáculo mayor, como reconoce el propio Gobierno, es la falta de un marco jurídico. El proyecto de alternatividad penal que se tramita en el Congreso -que prevé la sustitución de las penas de cárcel por medidas de compensación a las víctimas, entre otras- es calificado hasta por los amigos del presidente como una puerta a la impunidad para narcotraficantes y delincuentes comunes. Una ONG de derechos humanos de Medellín califica de improvisado el proceso. Y entre muchas preguntas se plantea "qué pasará con las redes de apoyo del proyecto paramilitar, conformadas por algunos empresarios, miembros de la fuerza pública, políticos, bandas y personajes al servicio del narcotráfico".
Hace poco, un conocido columnista planteaba: "¿Terminará el presidente Uribe tan enredado con las AUC como llegó a estar el anterior presidente, Andrés Pastrana, con las FARC?". Es ésta una inquietud compartida hoy por muchos colombianos.
