El último acto del Pacto
La pasada madrugada se consumó la muerte, de facto, del Pacto de Estabilidad, que ha venido enmarcando las políticas presupuestarias de los países miembros de la Unión Económica y Monetaria. La muerte de iure del Pacto, de producirse, resulta en gran medida irrelevante desde una perspectiva económica. Los beneficios económicos de reglas de estabilidad fiscal, como el Pacto de Estabilidad, no se derivan tanto de que el déficit público de un país en un año concreto se situé por encima o por debajo del x%, sino fundamentalmente de establecer un marco institucional creíble que asegure una conducción rigurosa de la política presupuestaria a medio plazo. La percepción por parte de los agentes económicos de que esto va a ser así genera, por sí misma, efectos positivos claramente tangibles. En este sentido, de nada sirve mantener formalmente reglas si resulta evidente ante todo el mundo que éstas no van a cumplirse.
En realidad, el principio del fin del Pacto de Estabilidad fue incluso anterior al inicio de su aplicación en 1999. Durante los últimos años noventa, en un periodo de relativa bonanza económica, las políticas presupuestarias aplicadas por algunos países europeos, singularmente Alemania y Francia, no contenían el esfuerzo fiscal necesario para que, llegado un momento de debilidad cíclica como el actual, los déficit públicos se pudieran mantener por debajo del 3% del PIB.
La actitud del Gobierno alemán, que concibió e impulsó el Pacto, resulta particularmente irresponsable. Una vez que Alemania empezó a mostrar síntomas de falta de compromiso con el Pacto, era simplemente una cuestión de tiempo el que otros países, y especialmente Francia, que lo asumió a regañadientes, siguieran políticas fiscales manifiestamente incoherentes con las metas fiscales acordadas. Si la responsabilidad política de Alemania es grande, Francia merece una sanción mayor desde un punto de vista económico. Ha disfrutado durante estos años de una política monetaria más laxa y ha experimentado perturbaciones económicas menos adversas que Alemania que le deberían haber permitido mejores resultados en las cuentas públicas.
Los mensajes negativos que se derivan de la decisión adoptada ayer por el Ecofin son numerosos. Genera una situación de vacío al dejar de hecho la unión monetaria sin reglas de estabilidad fiscal, tan importantes para la estabilidad económica en un área monetaria. Suscita serias dudas sobre el proceso de toma de decisiones en las instituciones europeas. Divide peligrosamente a países grandes y pequeños, y lo que es más importante, a países cumplidores e incumplidores. Y puede limitar el margen de maniobra del BCE en la gestión de la política monetaria del área del euro.
Sólo cabe esperar que los gobiernos y la Comisión Europea lleguen a un acuerdo lo antes posible para restaurar un marco institucional que otorgue estabilidad y rigor a las políticas presupuestarias de los países de la Unión Europea. Al hacerlo, es importante que asuman las lecciones que pueden extraerse del mal funcionamiento y colapso del sistema vigente. Del mismo modo que me parece evidente que una unión monetaria no puede funcionar sin mecanismos de coordinación y estabilización de las políticas fiscales nacionales, resulta claro que el sistema actual resulta demasiado rígido. Por ejemplo, el Pacto ignora el nivel de endeudamiento de los Estados, que desde una perspectiva de medio plazo es la variable fiscal más relevante, ni tiene en cuenta el nivel y composición del gasto público. Igualmente, deberían existir mecanismos adecuados para evaluar el cumplimiento de los objetivos fiscales en el conjunto de un ciclo económico. Las deficiencias del Pacto no deben servir, sin embargo, para exculpar a los incumplidores. Los pactos están para ser cumplidos mientras están vigentes, y si no funcionan bien, deben cambiarse.
es economista jefe del BBVA.
José Luis Escrivá
