El edil de Vivienda quiere que los expulsados paguen los desperfectos

Las 115 familias que hasta ayer ocupaban el 114 del Camino de Perales y el concejal de Vivienda, Sigfrido Herráez, coinciden en señalar que los pisos tienen desperfectos. Pero, mientras el concejal culpa de los deterioros a las familias, éstas aseguran que los pisos ya tenían defectos cuando las ocuparon.

Herráez afirmó ayer que la intención del Ayuntamiento de Madrid es que sus ocupantes "paguen por lo que han hecho", aunque reconoció que "será difícil asignar los daños a cada uno de los responsables". El concejal sugirió la posibilidad de inhabilitar como posibles receptores de vivienda social a las familias desalojadas hasta que no paguen los desperfectos que han dejado en los pisos".

Herráez también culpó a la empresa constructora de las viviendas, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), por haber descuidado la vigilancia del bloque, y señaló que la responsabilidad de "subsanar los desperfectos" corre a cuenta de esta empresa. "Dentro de uno o dos meses", según el concejal, "los pisos estarán listos para ser ocupados por sus nuevos inquilinos". Los próximos inquilinos serán, según el Ayuntamiento, familias que hoy viven en casas bajas o que proceden de ruinas del centro histórico. Once de ellas viven ahora en poblados chabolistas.

El concejal de Vivienda evaluó ayer mismo los daños y destacó el trabajo de cada uno de los policías que intervinieron en la operación. "El desalojo de estas personas es justo, ellos se lo buscaron y sabían cómo iba a terminar", señaló. "Ninguno de ellos vivía debajo de un puente. Es de suponer que ahora cada uno vuelva al lugar del que procedía, pero no a la calle", afirmó Herráez.

Operación histórica

"Ha sido la operación de desalojo más importante de la Policía Municipal", destacó Herráez. Para encontrar una operación de desalojo de dimensiones similares hay que remontarse a mayo de 1996. Entonces, el dispositivo policial organizado para desalojar a 31 familias del poblado chabolista del Cerro de Mica, en el distrito de Latina, acabó con los chabolistas lanzando objetos contra los policías antidisturbios. Dos días más tarde, la policía logró echarles y se pudo ejecutar la demolición ordenada por el Consistorio.

Un año después, en marzo de 1997, el desalojo de los jóvenes del centro okupa de La Guindalera finalizó en un enfrentamiento con el Cuerpo Nacional de Policía, que llegó a detener a 51 personas. El juicio se ha celebrado recientemente y los acusados están a la espera de la sentencia.

Algunas familias desalojadas ayer del inmueble del Camino de Perales mostraron a los policías su intención de volver a ocupar las mismas viviendas. Ante la posibilidad de que eso ocurra, un grupo de agentes municipales vigilará por las noches las inmediaciones del inmueble desalojado.