La ex alcaldesa de Estepona dice que Ramírez la coaccionó
La ex alcaldesa de Estepona Rosa Díaz acusó ayer al presidente provincial del PP en Málaga, Joaquín Ramírez, de presionar para que su partido votase en pleno contra la anulación de la venta de una parcela, conocida como la "explanada ganada al mar", realizada por Jesús Gil Marín tres días antes de abandonar la alcaldía. Ramírez negó las acusaciones y tachó las declaraciones de la ex edil popular de "fábula absurda".
El Ayuntamiento dio ayer cuenta del pase de Díaz al grupo Mixto, una vez que el martes anunció que abandonaba el PP.
Rosa Díaz explicó ayer a los medios de comunicación que el "detonante" que la ha llevado a abandonar las filas del PP y pasarse al Grupo Mixto han sido las "coacciones, humillaciones, amenazas e insultos" de que ha sido objeto por parte del presidente del PP de Málaga, que según aseguró la llevaron incluso a "temer" por su vida.
Según Díaz este enfrentamiento se inició durante el gobierno cuatripartito formado tras las elecciones de 1999 por PP, IU, PA y PSOE, cuando Ramírez pidió a los ediles populares que no apoyasen la anulación de la venta a la promotora Marín Hillinger de los citados terrenos de titularidad municipal, en los que estaba prevista la ampliación del puerto deportivo.
El Ayuntamiento aprobó finalmente, con los votos del PP, cancelar la operación y sacar a pública subasta la parcela, que Gil Marín vendió por 14,4 millones de euros pese a que estaba valorada en 48 millones de euros. "El PP de Málaga nos llamó por teléfono y nos dijo que teníamos que votar en contra de la subasta pública de la explanada del puerto", señalo Díaz, que explicó que "la misma noche de la votación" recibieron amenazas. "Nos dijeron: esto lo vais a pagar".
Las posturas se distanciaron aún más, dijo Rosa Díaz, con la presentación de la moción de censura contra el entonces alcalde, Antonio Barrientos (PSOE), a la que aseguró que tanto ella como el ex presidente de la agrupación local Manuel Sánchez Bracho se oponían, pero que finalmente apoyaron porque así lo exigió el presidente provincial: "nos aseguraron que contaba con el respaldo de Arenas y Teófila Martínez".
"Todo lo que dice es absolutamente falso. Supongo que ante la pérdida de la alcaldía y de su puesto en la Ejecutiva local ha decidido tirar la casa por la ventana", replicó ayer el presidente del PP de Málaga, Joaquín Ramírez, a las acusaciones vertidas contra él por la ex alcaldesa de Estepona, Rosa Díaz. Ramírez, que anunció una querella por "injurias y calumnias", afirmó que su única participación fue "dar la cara por las decisiones que tomó libremente" el PP de Estepona. "La forma en que gestionaron el Ayuntamiento fue la contraria de que le dijimos: les pedimos que no tomaran ninguna decisión sin los informes favorables del interventor, tesorero y secretario, y que no realizasen movimientos urbanísticos que supusiera una ilegalidad o una vuelta al pasado del GIL. Pese a ello, hicieron lo que quisieron", insistió Ramírez.
En cualquier caso el desacuerdo entre el PP local y provincial se acrecentó aún más con la confección de la candidatura popular de las pasadas elecciones. Según Díaz durante este proceso recibió "presiones" tanto por parte de Ramírez como de Antonio Sanz, presidente del PP en Andalucía, aunque finalmente prosperaron sus tesis. El propio presidente del PP reconoció "tensiones" en la confección de la lista, que provocaron que durante la campaña ningún dirigente popular acudiera a los mítines.
Las divergencias provocaron hace una semana la disolución de la agrupación local del PP, en la que Díaz ocupaba hasta entonces la secretaría general y Sánchez Bracho el cargo de presidente. Díaz, que en septiembre había sido apartada también de la portavocía de su grupo, dejó el martes el PP y se pasó al Grupo Mixto, del que ayer dio cuenta el pleno.
El pleno municipal acordó ayer, con los votos de todos los grupos, el estudio de detalle del Arroyo de las Cañas, también conocido como El Pinillo, que promueve Prasa. El PP, que apoyó la propuesta, mostró sin embargo su sorpresa por la " celeridad administrativa" con la que se ha tramitado el expediente de la constructora cordobesa, que donó en agosto al Ayuntamiento 300.000 euros para financiar gastos de personal.
