Mayor Oreja
Instalados en su soberbia, tal vez para tapar algunos de sus fracasos, hay dirigentes del PP que no han encontrado mejor fórmula para enfrentarse al conflicto que vive el País Vasco que echar mano de la legislación penal ad hominem. El fracasado político en las pasadas elecciones vascas, Mayor Oreja, ha pedido que se endurezca el Código Penal para que se condene, a penas de prisión, a quien desobedezca resoluciones judiciales o incumpla aquellas que ordenen paralizar el Plan Ibarretxe. Penas que se aplicarían a Atutxa y al lehendakari. "Yo apunto", ha dicho Mayor Oreja, "la conveniencia de que el Gobierno plantee esta reforma del Código Penal para afrontar lo que es una situación de rebeldía en una comunidad autónoma". En primer lugar, cabría recordarle al señor Mayor Oreja que en la Constitución existen los mecanismos suficientes para actuar en el caso de que una comunidad se encuentre "en una situación de rebeldía". En segundo lugar, recordar, también, que la negativa del presidente del Parlamento vasco, señor Atutxa, a dar cumplimiento a un auto del Supremo pidiendo la disolución del grupo parlamentario de Batasuna, está basada en un escrito del Fiscal General, señor Cardenal, dirigido al juez Garzón, cuando éste quería, también, ordenar al presidente Atutxa, la disolución del grupo Batasuna. En su escrito, el Fiscal General se opuso a la decisión de Garzón porque, según el propio Cardenal, el auto del juez era "de imposible cumplimiento" por impedirlo el Reglamento del Parlamento vasco. En tercer lugar, ¿esas nuevas medidas que se quiere introducir en el Código Penal, se podrían aplicar con carácter retroactivo? Y en cuanto al Plan Ibarretxe, ¿qué democracia es ésta en la que se pide incluir, en el Código Penal, una norma que castigue con pena de cárcel, el hecho de que un Parlamento acuerde aprobar un proyecto para reformar un Estatuto? O han perdido el norte o se han vuelto locos. El Plan Ibarretxe es un proyecto político para debatir en el Parlamento. Rechazarlo de plano sin conocerlo, y recurrir al Código Penal para condenar al autor, después de no haberle podido vencer en las urnas resulta... un poquito, digamos, extravagante. ¿No creen?
