La Administración que necesitamos
Cataluña necesita entusiasmo. Su Administración también. Después de 23 años, parece demostrado que CiU no ha tenido interés en construir una Administración mejor para Cataluña. Tal como ha puesto de relieve el Informe Pi i Sunyer sobre la Administració de la Generalitat, Pujol y Mas se han limitado a ir engordando un aparato administrativo de corte burocrático, que imita en casi todo a la Administración del Estado. La Administración y los servicios públicos en Cataluña no constituyen hoy un hecho diferencial. Se han instalado en una cómoda mediocridad. Se defienden argumentando, con cierta razón, que las otras administraciones autonómicas no son mejores. Triste consuelo.
La autonomía no es sólo identidad. La autonomía debe también traer consigo eficacia, valor añadido para las personas, es decir, calidad en las decisiones públicas, en el territorio y en los servicios a los ciudadanos. ¿Para qué queremos a los Mossos d'Esquadra si no es para sentirnos más seguros y mejor tratados?
La Administración pública catalana es mastodóntica, lenta, intervencionista y poco eficaz
En los últimos años, los organismos internacionales han hecho énfasis en la importancia de una Administración pública eficaz para asegurar el desarrollo, la competitividad y el bienestar social de cualquier país. Nuestra realidad es que la Generalitat dispone de una maquinaria administrativa de 130.000 empleados directos, con frecuencia infrautilizados y menospreciados. La falta de voluntad política y el estilo de gobierno de CiU han tenido como consecuencia una Administración poco receptiva, lenta, intervencionista y mucho más costosa que eficaz, algo que supone un freno a la competitividad de Cataluña. Es necesario pues introducir cambios radicales. El objetivo no puede ser otro que el de una gestión pública innovadora, basada en el liderazgo político y en la profesionalidad de directivos y empleados, que consiga unos servicios públicos de alta calidad. Tenemos una base sólida de funcionarios capaces y de escuelas y universidades punteras en materia de gestión y políticas públicas. Con voluntad y esfuerzo, podríamos situarnos como punto de referencia internacional, pionero en la mejora de la gobernabilidad y en la construcción de un sector público excelente, a la altura de los retos del siglo XXI.
En las elecciones del 16 de noviembre nos jugamos permanecer en la mediocridad o iniciar un cambio hacia la excelencia. El nuevo Gobierno tendrá ante sí la oportunidad histórica de abrir un debate sobre el modelo de Administración que Cataluña necesita. Un debate que incorpore a las empresas y a toda la sociedad, superando las limitaciones de una discusión centrada en las preocupaciones del Gobierno y los intereses corporativos de los funcionarios. A continuación se apuntan algunas propuestas para ese nuevo modelo de Administración. Un diseño institucional que tenga en cuenta que la razón de ser de la Administración no es otra que los ciudadanos y su calidad de vida. Una Administración con visión estratégica y capaz de adecuar su organización a los problemas, con políticas transversales, acuerdos intergubernamentales y colaboraciones con actores sociales y privados. Una gestión de recursos que sea ejemplo de eficiencia y austeridad, con evaluación de resultados y rendición de cuentas. Unos servicios públicos con prestigio -incluso para atraer a las clases medias-, que establezcan compromisos de calidad y compensaciones por incumplimiento.
Además, habrá que sopesar opciones, algunas de gran calado institucional: ¿qué descentralización de competencias hacia el territorio y hacia la sociedad para hacer realidad el principio de subsidiariedad? ¿Es oportuno crear una función pública propia y común para las administraciones catalanas? ¿Para asegurar la profesionalidad de los directivos públicos, es conveniente dotarse de un sistema de alta dirección? ¿Podemos mejorar la eficacia y la eficiencia a través de agencias ejecutivas separadas de los departamentos, sin perder dirección política ni control democrático? ¿Qué criterios deben seguirse para decidir la contratación externa o la concertación de un servicio? ¿Qué mecanismos utilizar para asegurar la participación de los usuarios y de otras partes interesadas en la gestión de los servicios?
Construir esa Administración exigirá impulso político y necesitará un entorno abierto, que asegure la transparencia y el debate democrático, apoye la creatividad y la innovación y ayude a los emprendedores en todos los rincones del aparato público. Habrá que estimular la I+D en materia de gestión pública, aprender de las innovaciones llevadas a cabo en muchos ayuntamientos, atraer a los mejores a la función pública y recuperar la autoestima de miles de funcionarios abnegados. También necesitará de una relación constructiva con los sindicatos, que permita pasar de la confrontación a la cooperación.
Con todo ello, Cataluña podrá construir una Administración fuerte pero modesta, no intervencionista, si no relacional y pluralista, capaz de tejer redes y dar juego. Una Administración no extensa, pero eficaz, capaz de prever y de resolver los problemas, bien sean la creación de guarderías, el fracaso escolar, las listas de espera, los accidentes de tráfico, la integración de los inmigrantes, el control efectivo de las instituciones financieras o la salud de los ancianos, por citar algunos de ellos.
Éste es el reto del futuro. Hay pues que apresurarse y aprovechar la oportunidad. Cataluña necesita una Administración excelente y sus ciudadanos se la merecen.
Antoni Fernández, Xavier Muñoz y Xavier Sisternas son coordinadores del Informe Pi i Sunyer sobre la Administració de la Generalitat.
