El juicio al ex edil de Urbanismo de Málaga será en noviembre
El juicio con jurado contra Manuel Ramos, concejal de Urbanismo de Málaga en el anterior equipo de gobierno del PP, acusado de infidelidad en custodia de documento público, se celebrará el 17 de noviembre. Ramos se enfrenta a una petición del fiscal de 18 meses de prisión, 5.409 euros de multa y cuatro años de inhabilitación. El presidente del tribunal, José Godino, recoge como hechos justiciables que un embargo de su nómina iniciado por Unicaja contra el acusado en 1998, tramitado en el Juzgado de primera instancia número 14 de Málaga, no pudo efectuarse porque Ramos, cuando fue director de las áreas de Bienestar Social y Personal, no dio curso a los requerimientos judiciales. También está procesado un funcionario, con quien, según la Fiscalía, Ramos se puso de acuerdo para retener y ocultar los oficios judiciales.
Ramos se mostró ayer satisfecho de que se vaya a celebrar el juicio, "para poder demostrar mi inocencia, porque con el extravío de los requerimientos judiciales no se perjudicó ni se favoreció a nadie". El ex concejal popular, que atribuye a este proceso su ausencia de las listas en las pasadas elecciones de mayo, añade que este caso ya le ha causado "todo el daño que tenía que hacer". Añade que "Unicaja reconoce, por escrito, que ya habíamos llegado a un acuerdo, pero que no les dio tiempo a advertir a sus procuradores para que retiraran la reclamación y, en todo caso, el Ayuntamiento también certifica que ya se me estaban realizando las retenciones máximas en la nómina que marca la ley, con lo que yo no tenía nada que ganar ocultando estos oficios; el funcionario ya ha declarado que llamó al Juzgado para advertir que estaban enviando el oficio al departamento inadecuado".
Ámbito público
El PSOE, cuyo grupo municipal ejerce la acusación particular entiende que "este es un asunto que trasciende del ámbito privado", afirmó Francisco Trigueros. "Aunque los embargos fueran reclamaciones privadas, lo cierto es que hay indicios claros de que las órdenes de embargo judiciales, que son documentos públicos, fueron ocultadas", añadió el concejal socialista. Una querella por injurias presentada por Ramos contra el ex portavoz socialista, Francisco Oliva, fue archivada en enero de 2001 por un juez que apreció indicios de delito en la actitud del funcionario de empleo, ascendido a concejal en 1999.
El primer requerimiento fue enviado al Ayuntamiento el 29 de enero de 1999, al área de Bienestar Social, a fin de que se anotara el embargo y retuviera parte del sueldo del entonces director del departamento. La tesis del fiscal es que el acusado y el jefe de servicio del área, José Enrique Vega Pérez, decidieron no registrar el oficio ni darle curso a la Tesorería, que era el departamento competente. Un segundo oficio, de 31 de mayo de 1999, se registra, pero no se le da curso. El Juzgado sólo obtuvo respuesta a un tercer mandamiento, del 27 de diciembre de 1999.
