Generalitat y acción exterior
Hay un proverbio castellano que dice: "No se le pueden poner puertas al campo". De esta manera, hace ya unos años, un alto responsable del Ministerio de Asuntos Exteriores respondía a una pregunta sobre la conveniencia o no de limitar la acción exterior de las comunidades autónomas.
Hoy, en este campo, abundan las puertas que va colocando el Gobierno del PP. En este tórrido verano se ha significado en dos cuestiones. La primera, el requerimiento de incompetencia en relación con el decreto que regula las oficinas en el exterior de la Generalitat. La segunda, la negativa a admitir representación de las comunidades autónomas en la delegación española en la próxima Conferencia Intergubernamental, negativa que culmina la actitud mostrada por la delegación española en la convención.
Pero el campo se resiste a las puertas. Cataluña, como Québec, Baden-Württemberg o Flandes, ha avanzado notablemente en su internacionalización. Así, en el terreno económico de la nada hemos pasado a tener más de 170 empresas multinacionales, que invierten en América Latina, Asia, Europa y el NAFTA, y aportamos el 30% al total del comercio exterior español. A la economía la siguen, la acompañan e incluso la preceden la cultura, la investigación, la Universidad, el conocimiento de lenguas, ámbitos que centran los esfuerzos de nuestra sociedad por situarse mejor en el mundo.
La Generalitat acompaña y promueve este proceso. Lo hace a través de múltiples mecanismos. Sin duda, uno de los más eficaces es el contar con una red de oficinas en puntos neurálgicos para nuestro país. Por cierto, la regulación jurídica que hoy el Gobierno central ataca fue sugerida, curiosamente a través de la prensa, por el propio Gobierno, que ha permanecido en silencio ante los borradores del decreto que se le han enviado. Quien calla otorga, reza otro proverbio. Quien calla y no otorga demuestra escasa predisposición para negociar y se inclina por imponer.
El requerimiento alude a dos aspectos del decreto. A la función de relación con otros gobiernos extranjeros, y a la función de coordinación de la red de oficinas de orientación a la inmigración, XILA. Se invaden, según él, dos competencias exclusivas: las relaciones exteriores y la extranjería e inmigración. Se invaden, por supuesto, desde una interpretación literal y estricta del texto constitucional que ignora que han pasado 25 años desde su promulgación. El propio Tribunal Constitucional lo decía en una sentencia de 1994 cuando distinguía entre el sentido jurídico y el sociológico de las relaciones exteriores.
La Generalitat, a pesar de las puertas, tiene una voluntad inequívoca de ejercer hasta agotar la dimensión internacional de nuestras competencias e intereses, y ello nos lleva a relacionarnos política e institucionalmente con otros gobiernos. No para hablar de fronteras o de soberanía, o de guerra y paz. Para hablar de comercio, de inversiones, de lengua, de cultura, de política energética, científica o educativa.
Otro tanto ocurre con la inmigración, que hoy es probablemente la cuestión más acuciante para nuestra sociedad. Como Gobierno debemos conseguir, más allá de la demagogia y el puro voluntarismo, que nuestra sociedad comprenda y aprecie lo positivo que aporta, y ello pasa por la regulación. Aceptamos la dimensión no sólo española, sino incluso europea, del fenómeno. Pero nos es más difícil de admitir sin más la llegada de inmigrantes ilegales fletados por el propio Gobierno central a Barcelona o a Alfarràs, cuando se nos niega toda capacidad de compartir con este mismo Gobierno las decisiones.
La XILA no quiere dar visados, ni sustituir las funciones consulares. Busca únicamente orientar e informar a la inmigración de los países que hoy se sitúan a la cabeza de las corrientes migratorias. Al parecer, con ello se invaden competencias y se atenta contra la política (sic) migratoria del Gobierno popular. Este planteamiento está presente en la acción exterior de los lander alemanes o las regiones belgas, y de países como Québec o Escocia. La diferencia estriba en que en estos casos ha habido una negociación real y los respectivos gobiernos centrales han reconocido la acción exterior de sus entidades y han establecido esquemas cooperativos. En España parece que la lealtad constitucional sólo se predica de abajo a arriba. Mientras que el Gobierno central parece preocupado enormemente que invadamos sus competencias en materia de inmigración y de política exterior, a nosotros nos preocupa influir de forma positiva en los flujos migratorios que recibimos y en nuestra proyección exterior.
La voluntad política del Gobierno de Cataluña es clara. Vamos a avanzar en la creación de una red de oficinas para promover nuestro país en el extranjero. Nuestro proyecto prevé y busca la colaboración y la complicidad del Estado, y más concretamente de su aparato exterior, pero basadas en la mutua lealtad y en una concepción menos rígida del marco constitucional. Hace 20 años, la creación del COPCA tampoco fue un camino de rosas, como nos recordaba un artículo del colectivo J. B. Boix en el Avui. Sólo a través de la innovación y de asumir un riesgo político se avanza en un terreno como el de la política exterior.
Para acabar una breve mención a la negativa del Gobierno de admitir una representación autonómica en la Conferencia Intergubernamental que debe aprobar la Constitución Europea. De nuevo esta actitud singulariza al Gobierno español, "Spain is different", deben de pensar aún algunos. No obstante, es una actitud coherente con la línea política que ha mostrado el Gobierno popular, en especial en su segunda legislatura, y que en su día mostraron los socialistas: las comunidades autónomas no deben participar en la definición de la posición española en asuntos europeos.
Más allá de la reivindicación competencial, de la eficacia del sistema, de lo que ocurre en derecho comparado, es otra muestra de la particular manera de entender la lealtad constitucional. Exigirla sí, practicarla, menos.
Joaquim Llimona i Balcells es secretario de Relaciones Exteriores de la Generalitat
