Los diputados brasileños se enfrentan al recorte de sus altas pensiones
Las jubilaciones de diputados y senadores se han regido siempre en Brasil por leyes específicas y, teóricamente, no deberían entrar en el severo proyecto de la Seguridad Social para los funcionarios públicos que prevé una pensión única para todos de 2.400 reales (800 euros), con la posibilidad de establecer planes privados de pensiones que serán creados por el propio Estado.
Las normas actuales para los diputados prevén una jubilación con el sueldo íntegro, y tanto los diputados federales como los de los Estados tienen remuneraciones muy elevadas oro. Algunos de ellos, entre sueldo, dietas, viajes, alojamiento y otras canonjías cobran hasta 70.000 reales al mes (unos 23.000 euros).
La norma actual establece que los diputados pueden jubilarse después de haber cumplido siete mandatos con una pensión de 12.700 reales (4.200 euros), lo que viene a ser su actual sueldo base.
La cuestión está creando vivas polémicas de las que se está haciendo eco la prensa. Ezequiel Nascimento, presidente del Sindicatos de Funcionarios del Poder Legislativo Federal, lo resume así: "Cortaron los privilegios de los privilegiados, pero ellos se han excluido [en referencia a los diputados]".
Existe el temor de que si los políticos acaban manteniendo sus privilegios, la imagen del Parlamento puede quedar definitivamente desprestigiada ante la opinión pública.
"Es absurdo que nos quedemos fuera de las normas que hemos aprobado para los demás funcionarios públicos", afirmó ayer José Carlos Aleluya, líder del grupo de oposición Partido Frente Liberal (PFL).
También el diputado Chico Alencar, una de las figuras más prestigiosas del Partido de los Trabajadores (PT), que sostiene con sus votos al Gobierno, critica la actual situación: "Es una contradicción indefendible pasar las noches defendiendo que es necesario cortar privilegios para sanear las arcas de la Seguridad Social mientras defendemos los nuestros".
El ex presidente de la comisión especial parlamentaria para la reforma de la Seguridad Social, Roberto Brandt, ha afirmado que el tema excede el ámbito ético y moral, y que se trata más bien de un problema legal, ya que, según asegura, "una vez promulgada la reforma, cualquier otra legislación sobre el tema queda superada".
