Dos años de cárcel para Caprile y Casasús por el 'caso Huarte'
El tribunal aprecia apropiación indebida de especial gravedad
La Audiencia Nacional condenó ayer a dos años de prisión al ex presidente de Huarte Mario Caprile y al ex vicepresidente Joaquín Casasús por un delito de apropiación indebida de especial gravedad atendiendo al importe de la cantidad apropiada, por la descapitalización de Huarte, en perjuicio de sus accionistas, y que causó su suspensión de pagos en marzo de 1996. Además, tendrán que indemnizar a la empresa con 12,2 millones de euros.
En la citada suspensión de pagos se declaró un pasivo de 90.000 millones de pesetas (540.910.893 euros). La sentencia obliga a pagar 14,3 millones de dólares (12,2 millones de euros) a Huarte, hoy integrada en el grupo OHL que preside Juan Miguel Villar Mir.
"Existe prueba directa y múltiples indicios que relacionan a Casasús con CASOL, circunstancia conocida por Caprile que está de acuerdo con la actuación de aquel, y que acreditan que ambos, abusando de su posición de administradores únicos de HASA-Huarte, promueven un acto de disposición patrimonial de bienes en perjuicio de la sociedad y de sus accionistas no administradores", según la sentencia.
El tribunal no ha calificado los hechos de estafa al no haber detectado que hubiera habido engaño y se ha decantado por la apropiación indebida por entender que se trata de administradores que, con su proceder y siendo conscientes de ello, han perjudicado patrimonialmente a su principal distrayendo de su fin legal o convencional los bienes que les fueron encomendados, sin que necesariamente lo hayan incorporado a su propio patrimonio.
Connivencia con abuso
En este caso, "no hay ocultación generadora de engaño sino connivencia con abuso de las facultades inherentes al cargo de administrador de un grupo de sociedades y de una tercera beneficiaria que concurren en una misma persona [Casasús] con la anuencia del otro administrador [Caprile]". A pesar de la gravedad de los hechos y de la cuantía de lo apropiado, el tribunal ha impuesto la pena en su grado mínimo debido a la "lejanía de la fecha de realización de los hechos". Ni Caprile ni Casasús ingresarán de momento en prisión, ya que la sentencia será recurrida ante el Supremo.
La sentencia declara probado que desde junio de 1987 Caprile y Casasús controlaban Hispano Alemana de Construcciones (HASA) y que en junio de 1993, para evitar que otra entidad tomara el control, disolvieron su consejo pasando ambos a ser los administradores únicos.
Desde mediados de 1986 Huarte estuvo controlada por HASA, quien siempre mantuvo una participación superior al 50%. Tras la salida a bolsa de Huarte, la compañía desarrolló toda la actividad constructora del grupo con un gran aumento de su facturación, pero también de las deudas de las empresas del grupo con Huarte que en 1995 alcanzaron los 32.287 millones de pesetas. Para cubrir la deuda, Caprile y Casasús usaron diversos sistemas financieros y contables, pero que no suponían pago efectivo.
