Condenados en París a 10 años de cárcel cuatro ex dirigentes de los GRAPO

Cuatro ex dirigentes de los GRAPO y del Partido Comunista de España Reconstituido (PCEr) fueron condenados ayer por el Tribunal Correccional de París a penas de diez años de prisión, el máximo previsto en la legislación francesa para delitos de asociación de malhechores con fines terroristas. Los condenados son el líder del PCEr, Manuel Pérez Martínez, camarada Arenas; el jefe del comando central de los GRAPO, Fernando Silva Sande; la compañera de Pérez Martínez, Isabel Llaquet Baldellou y José Luis Elipe López. La compañera de Silva Sande, Victoria Gómez Méndez, fue condenada a ocho años de prisión, y los otros miembros de la banda José Antonio Peña Quesada y María Rosario Llobregat Moreno a seis y tres años, respectivamente.

En el juicio contra los siete, detenidos en París en 2000, la Fiscalía había pedido 10 años de cárcel para cada uno de los acusados, que, a su juicio, "constituían la columna vertebral, el cerebro y los brazos de una organización terrorista que no tiene nada de ideológica". El tribunal también ordenó la prohibición definitiva de residencia en Francia para todos ellos, tal y como había pedido la Fiscalía.

En el juicio, que comenzó el pasado 12 de junio y concluyó el 2 de julio, tan sólo Silva Sande y su compañera, María Victoria Gómez Méndez, reconocieron su pertenencia a los Grupos de Resistencia Antifascista del Primero de Octubre (GRAPO), mientras que los otros cinco se limitaron a reivindicar su militancia en el PCEr. Pero la fiscal Virginie Brélurut afirmó que había conexiones "más que evidentes", orgánicas, operativas y logísticas entre el PCEr y los GRAPO, que integran, dijo, una misma estructura, extremadamente jerarquizada, cuyas riendas estaban en manos de camarada Arenas. Los abogados defensores de éste y de su compañera, así como los de José Antonio Peña Quesada y María Rosario Llobregat Moreno anunciaron que recurrirán la sentencia. Tras la lectura ayer de las condenas, camarada Arenas acusó al tribunal de estar "vendido al Gobierno español", según informa Efe.

No a la acusación particular

Por otra parte, la Corte rechazó la demanda de la familia del empresario zaragozano Publio Cordón, secuestrado en 1995 por los GRAPO y en paradero desconocido desde entonces, de constituirse en acusación particular en el juicio recién celebrado. La esposa de Cordón, Pilar Muro, y su hija, María Cordón, asistieron a varias audiencias del juicio, si bien no acudieron ayer a la lectura del veredicto. Los abogados de la familia Cordón habían argumentado que, si bien la Corte no tenía competencia para abordar el secuestro cometido en España, el que la orden partiese de la cúpula de la banda en París y parte del rescate se pagase en Francia justificaban que la familia ejerciera de acusación particular.