EE UU veta al experto de Comercio para el Gobierno de Bagdad

Estados Unidos ha vetado al candidato propuesto por la Secretaría de Estado de Comercio para incorporarse a la Administración Interina de ocupación en Irak o Autoridad Provisional de la Coalición (CPA). El Gobierno español propone a sus candidatos, pero es el administrador estadounidense, el embajador Paul Bremer, quien debe dar el visto bueno. Éste ha rechazado la candidatura de Carlos Molina, ejecutivo de la compañía Expansión Exterior, que debía incorporarse al departamento de Finanzas.

El motivo alegado por EE UU es que el perfil profesional de Molina, principal negociador con el régimen de Sadam Husein de las compras de petróleo para Repsol, está excesivamente ligado a intereses empresariales. Molina ha viajado a Bagdad, pero por cuenta de su compañía.

Como consecuencia de este veto, más de dos meses después de la constitución de la CPA sigue vacante uno de los puestos que el Gobierno consideraba más interesante para acceder a información sobre futuros contratos. Fuentes de la Secretaría de Estado de Comercio indicaron ayer que "se está buscando a un alto funcionario de Economía para incorporarse a la CPA, pero todavía no hay ninguna decisión".

La presencia española en la Administración interina, pese a su carácter civil, tiene un acusado cariz militar. De los 13 expertos incorporados hasta ahora, 10 son militares. Del Ministerio de Defensa iraquí forman parte, además del teniente general Luis Feliú, adjunto al ministro Walter Slocombe, cinco oficiales y un suboficial. Además, los dos expertos del departamento de Vivienda son un coronel del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos y un teniente coronel de Intervención.

Los únicos civiles son el diplomático Miguel Benzo, responsable de relaciones con las agencias especializadas de la ONU; el abogado del Estado Luis Alfonso Almenar, que trabaja en el comité que prepara la nueva Constitución; y López Uribe, funcionario del Cuerpo de Ingenieros del Estado, incorporado al departamento de Aguas de Basora. Además, el ayudante de Benzo es el capitán de navío Marín Oar.

Los resultados dan cuenta del escaso éxito que, especialmente entre los funcionarios civiles, ha tenido la convocatoria que realizó el Gobierno para participar con unos 50 expertos en la Administración interina de Irak.

El ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, dijo el pasado jueves que el propósito del Gobierno es reclutar a otros 12 expertos, hasta llegar a 25. Fuentes gubernamentales son menos optimistas. En primer lugar, porque el propósito de Bremer es dar cada vez más peso al Consejo Político formado exclusivamente por iraquíes. Y, sobre todo, porque la guerra de guerrillas a la que se enfrentan las tropas de EE UU ha dejado en segundo plano la reconstrucción.

Las citadas fuentes consideran que el aplazamiento de los planes de reconstrucción es el mayor error que puede cometer EE UU. "Mientras más se retrase la recuperación de los servicios básicos y la actividad laboral, mayor será el resentimiento de la población hacia las tropas extranjeras", advierten. Pese a ello, reconocen que, "para Washington, la seguridad de sus soldados y la eliminación de los grupos que los hostigan es la primera prioridad, "ante la que ceden las restantes".

Lo cierto es que la mayoría de los contratos están paralizados. Desde mediados de junio no se adjudican subcontrataciones -a las que aspiran numerosas empresas españolas- y algunas de las adjudicadas aún no se han firmado. Ejecutivos de empresas que ya estaban en Irak se han retirado ante la falta de seguridad.

La excepción parece ser el ex presidente de Alianza Popular Antonio Hernández Mancha, quien está en Bagdad para montar una consultoría, según El Mundo. "No tengo idea de dónde está, pero lo que es seguro es que no lleva ningún encargo del Gobierno", dijo ayer con ironía José María Aznar de su antecesor.