"Investigamos en Francia a los medios próximos a ETA"

El Gobierno de París apoyó en su momento la inclusión de Batasuna en la lista de organizaciones terroristas de la UE, pero esa inscripción carece de efectos directos sobre la situación de ese grupo en territorio francés. Batasuna es una asociación legal en Francia y su eurodiputado tiene oficina en Bayona. Un galimatías difícil de comprender en España y que el ministro francés de Justicia, Dominique Perben, aborda en esta entrevista. Sus opiniones podrían resumirse así: si se investigan las actividades de la Batasuna francesa no es porque su nombre coincida con el de un grupo incluido en la lista de la UE, sino para verificar posibles actividades terroristas.

Cabeza jurídica del Gobierno francés, Dominique Perben es el autor de reformas legales que van desde la posibilidad de que un delincuente obtenga un mejor trato si se declara culpable, hasta el tratamiento de los adolescentes conflictivos en "centros educativos cerrados". También ha puesto en marcha una iniciativa, que arrancará hoy en Barcelona, para sensibilizar a jóvenes juristas europeos respecto a delitos ecológicos, de tráfico y otras formas de delincuencia moderna.

"Espero que el 1 de enero de 2004 todo esté preparado para el espacio judicial único"

"Estamos cooperando judicialmente con España en las mejores condiciones posibles"

"Como asociación acogida a la ley de 1901, Batasuna no recibe dinero público francés"

Pregunta. Batasuna es una organización ilegal en España, pero sigue existiendo en Francia. ¿Puede precisar cuál es su situación jurídica en este país?

Respuesta. No conviene mezclar asuntos que no tienen nada que ver unos con otros. Estamos cooperando judicialmente con España en las mejores condiciones posibles y esto nos lleva a desarrollar investigaciones en los medios próximos a una organización terrorista española [ETA].

Ocurre que una asociación que existe en Francia al amparo de la ley de 1901, que no es un partido político, lleva el mismo nombre que Batasuna. Esta asociación realiza actividades que le son propias, sobre las cuales se hacen investigaciones cuando los magistrados piensan que ha cometido actos ilegales. El hecho de que esa asociación se llame así no implica ninguna decisión particular por nuestra parte; en cambio, en el marco de investigaciones o diligencias judiciales, sí se pueden verificar tales o cuales actividades de esta asociación.

P. ¿Todos los partidos políticos franceses reciben dinero público?

R. Sí, obtienen financiación en función de los resultados electorales logrados. También pueden recibirlo en el marco de una campaña electoral. Pero las asociaciones registradas de acuerdo con la ley de 1901 no tienen derecho a percibir dinero público. Batasuna no recibe dinero público francés.

P. ¿Francia proyecta presentar en Bruselas alguna documentación sobre Batasuna a efectos de su inclusión en la lista de organizaciones terroristas, como hizo el Gobierno español?

R. La cuestión no se plantea así. La justicia se reserva el poder de practicar investigaciones sobre las actividades de esta asociación o de otras que existen en Francia, pero no hay motivo para ir a Bruselas. El derecho de asociación es muy libre en Francia. En el límite, una asociación puede existir en nuestro país incluso sin declararlo previamente a las autoridades. El nombre no tiene interés particular.

P. Francia también sufre terrorismo en Córcega. ¿Cree usted en la eficacia de una política de persecución a las ramas políticas de los grupos violentos?

R. No sé exactamente qué quiere decir esto. En lo que se refiere a la acción contra la criminalidad en Córcega, investigamos la comisión de crímenes o delitos por cualquiera que los lleve a cabo. Esa es nuestra línea y no tenemos ningún otro objetivo.

P. La detención de Yvan Colonna, el presunto asesino de un delegado del Gobierno en Córcega, ¿se traducirá en el aplazamiento del juicio por este acto terrorista, que estaba celebrándose en su ausencia?

R. Me alegro de esa detención y felicito por ello a las fuerzas del orden. En cuanto al resto, dejemos a los tribunales que tomen sus decisiones.

P. El terrorista conocido como Carlos, condenado en Francia a cadena perpetua, acaba de publicar un libro. ¿Qué puede decir sobre esto?

R. Estoy muy sorprendido por este fenómeno. He pedido a mis colaboradores un análisis completo de la situación y me reservo el derecho de tomar iniciativas. No acepto la idea de que un terrorista condenado pueda ganar dinero hablando de lo que ha podido hacer. Lo de menos es si el libro salió o no de la prisión. Lo que hay que preguntarse es cómo se puede evitar que un terrorista condenado pueda beneficiarse de este modo; o que, en todo caso, los beneficios económicos que obtenga vayan a las víctimas o a sus familias, nunca al autor.

P. Cuando exista la orden judicial de arresto europea, ¿qué cambiará, en la práctica, sobre el sistema actual de las extradiciones?

R. El procedimiento pasará a ser estrictamente judicial. Actualmente, yo firmo en este despacho -y después de mí, el documento pasa al primer ministro- cada decreto de extradición, una vez completado todo el procedimiento judicial. Por eso cada trámite de extradición se alarga mucho en el tiempo. Cuando la orden de arresto europea entre en vigor, ya no habrá intervención del Ejecutivo: un tribunal obtendrá directamente de la Administración del otro país el arresto de la persona buscada. Esto supone una verdadera revolución. Se trata de la creación auténtica de un espacio judicial único, con las consecuencias que conlleva para la libertad individual.

P. ¿Cuándo entrará en vigor este procedimiento en Francia?

R. Espero que todo esté preparado para el 1 de enero de 2004.

P. Acaba de promover usted un proyecto de ley que hará posible la destitución del presidente de la República Francesa por la mayoría parlamentaria. ¿Esta medida puede tener efectos políticos, por ejemplo para impedir en el futuro más cohabitaciones entre presidentes de un signo político y gobiernos de otro?

R. Ese no es el objetivo del texto. Primero, porque las condiciones de destitución del presidente de la República serán muy restrictivas: harán referencia a un comportamiento de tal gravedad que lo haría incompatible con el funcionamiento de las instituciones republicanas. Y en segundo lugar, la eventual destitución de un jefe del Estado habría de ser votada en secreto, primero en cada una de las dos cámaras, y después por las dos (Asamblea Nacional y Senado) reunidas conjuntamente. Tales precauciones deberían evitar que el nuevo procedimiento pudiera ser utilizado de una manera partidista.

P. No obstante, subsiste la posibilidad de que una mayoría parlamentaria tenga a su alcance la destitución del Presidente.

R. Sí. Con un riesgo enorme: la segunda consecuencia de la destitución es la de provocar nuevas elecciones presidenciales y los que hayan promovido la medida habrán de explicarse. El objetivo de la reforma consiste en garantizar que el presidente de la República Francesa, llegado el caso, pueda ser juzgado por un tribunal ordinario. Si el delito que se le imputa es menor y no afecta al funcionamiento de las instituciones republicanas, el plazo de prescripción se paraliza y el juicio se efectúa una vez terminado su mandato. Si los hechos que se atribuyen al Presidente son tan importantes que lo hacen incompatible con las instituciones, el jefe del Estado es destituido y juzgado. Es decir: el presidente permanecerá sometido siempre a los tribunales ordinarios, con condiciones particulares habida cuenta de las funciones que desempeña.

P. Lleva usted poco más de un año en el cargo y ha promovido un buen número de reformas legales. Una de las últimas es el procedimiento de "declararse culpable". ¿Cree que los jueces lo asumirán?

R. Espero que proporcione buenos resultados. El nuevo procedimiento será beneficioso para los delitos susceptibles de ser castigados con penas inferiores a cinco años, porque simplificará la tarea de los magistrados y evitará el ingreso en prisión preventiva de un número considerable de personas. Hemos hablado mucho de esta reforma con magistrados y abogados, y pienso que tendrá una aceptación bastante buena.

P. ¿Cuál es el balance obtenido con la rebaja de la edad penal a los 13 años?

R. Esta información es inexacta. He tenido dificultades para hacerme entender incluso en Francia. La posibilidad de encarcelar a un niño de 13 años existe desde siempre: en realidad, no hay una edad penal mínima en el derecho francés. Lo que permite la ley que yo promoví es el encarcelamiento de un joven que no respete la decisión judicial de asignarle a un centro educativo cerrado; si quebranta esa medida, puede ir a la cárcel. Es verdad que hay muy pocos casos, pero se encuentra a algunos jóvenes de 13 o 14 años en las cárceles de menores, a los que se imputa alguna muerte.

P. ¿Qué resultados están dando los centros educativos cerrados?

R. Es un poco pronto para decirlo. El primero de esos centros abrió en abril, ahora tenemos cuatro y en septiembre habrá seis o siete. La primera conclusión es que los jóvenes que van allá son verdaderamente muy difíciles, reincidentes, psicológicamente perturbados. Antes de que existieran esas estructuras, sólo podían estar en la calle o en la cárcel. La segunda observación es que se ve a chicos de 16 o 17 años en muy mal estado de salud, desde luego psiquiátrica, y a veces lastrados con enfermedades crónicas. Esto nos ha llevado a reforzar la atención sanitaria y nos hace preguntarnos cómo han podido filtrarse por nuestro sistema de salud.

P. ¿Las 13.000 nuevas plazas carcelarias serán construidas y gestionadas por empresas privadas?

R. La vigilancia de las prisiones seguirá siendo competencia del Estado. Lo que la ley permite es que la financiación de la construcción pueda ser privada. A los 30 años, el Estado se convertirá en propietario de las nuevas cárceles. Durante ese periodo, la gestión de la seguridad será estatal y la alimentación, la lavandería y otros servicios serán privados. En algunas prisiones, la cantina ya es privada.

P. ¿En qué plazo estarán construidas las nuevas cárceles?

R. Espero que puedan hacerse en cuatro años. Actualmente tenemos 61.000 presos cuando teóricamente sólo disponemos de 47.000 plazas penitenciarias, lo cual hace muy difícil el control. He aumentado sensiblemente el número de vigilantes y estamos trabajando en alternativas a la prisión, como la instalación de brazaletes electrónicos, para permitir a los magistrados que puedan condenar a penas distintas de la de cárcel. Pero 61.000 presos es una cifra muy razonable en relación con la población, en línea con las proporciones alemanas, inglesas o españolas.

La dificultad viene de que tenemos 14.000 presos más que hace dos años, lo cual es un aumento muy fuerte; pero ya había comenzado antes de nuestras reformas. Tampoco veo posible reducir las cifras, dada la toma de conciencia que se ha producido sobre el fenómeno de la criminalidad.