La Audiencia ordena al Ivex pagar 1,5 millones avalados por Tabares
La sentencia favorece al único banco que evitó pactar con la entidad
Una sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia ordena al juzgado de primera instancia que ejecute la orden de pago de 1,5 millones de euros que reclamó al Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex) el KBC Bank, a raíz del impago de una serie de letras avaladas por José María Tabares como director general de la entidad en una operación destinada a generar derechos de exportación de productos valencianos a Túnez.
La sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia responde a un recurso presentado por el KBC Bank ante un fallo en primera instancia que rechazaba la responsabilidad del Ivex en la operación. Según la primera sentencia, el Ivex, por su condición de empresa pública, sólo podía avalar a otras empresas públicas de acuerdo con la Ley de Hacienda de la Generalitat Valenciana. La nueva sentencia, sin embargo, estima que el director general del Ivex disponía de poderes delegados por el consejo de administración de la entidad para conceder avales y considera que los máximos responsables de la entidad no pueden alegar que desconocían las operaciones.
La sentencia cita expresamente otro auto de la Audiencia Provincial, de febrero de 2001, que a partir de los informes de la Sindicatura de Cuentas correspondientes a 1996 y 1997 considera que los máximos responsables del Ivex tenían conocimiento de la deuda que había generado el impago de unas letras avaladas por el organismo para generar derechos de exportación a Túnez.
La nueva sentencia alude a la dimisión de Juan Mir, entonces director general del organismo, en junio de 1997, y a la concesión de poderes a Tabares por parte del Ivex dos meses después.
El KBC Bank es el único acreedor del Ivex que rechazó la posibilidad de renunciar a la vía civil para reclamar la satisfacción de las cantidades avaladas y sumarse a la vía penal abierta por el propio organismo contra su ex director general por un supuesto quebranto financiero cifrado en 7 millones de euros.
El resto de acreedores, el BBVA, el BSCH y el HSBC, aceptaron una oferta de la Generalitat para recuperar la mitad de la deuda que reclamaban por la vía civil y sumarse a la vía penal para intentar recuperar el resto del dinero si efectivamente Tabares fuera condenado algún día.
El Ivex anunció un recurso contra la nueva sentencia de la Audiencia Provincial, admisible únicamente en razón de la cantidad demandada.
