Una ONG denuncia que inmigrantes de un centro de internamiento fueron obligados a tomar sedantes
El Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL) denunció ayer que inmigrantes retenidos en el centro de internamiento de Málaga han sido obligados "en varias ocasiones" a tomar pastillas sedantes "para que estuvieran más tranquilos". Aunque la organización admite que su acusación se basa en el testimonio de un interno, sostiene que la práctica no es "un hecho aislado". La ONG también sacó a la luz que no se han atendido peticiones de abogado de oficio e intérprete hechas por algunos inmigrantes, derechos recogidos en la orden que regula el funcionamiento de esos centros.
En un informe que el MPDL remitirá al Defensor del Pueblo español y al andaluz, se detalla que dos argelinos que estaban en huelga de hambre solicitaron en septiembre un letrado en tres ocasiones. Las autoridades del centro de internamiento indicaron a la organización que habían cursado la petición al Colegio de Abogados. Sin embargo, esta institución contestó al MPDL que no había recibido "ni una sola llamada" del centro de Capuchinos. Según el coordinador de la organización, Juan Carlos Espejo, este "incumplimiento flagrante" de la legislación vigente "continúa y no tiene visos de cambiar".
El informe también sostiene que la falta de sillas para todos los inmigrantes obliga a la mayoría a comer de pie. Incluso aporta el testimonio de un interno que afirma que muchos se quedan sin comer "ya que sólo comen los que llegan primero y cogen la comida por la fuerza".
El documento fue elaborado por el MPDL en octubre, después de una serie de visitas hechas a instancias de la Subdelegación del Gobierno que le trasladó la petición de asistencia social hecha por 14 argelinos. A finales de ese mes, el informe fue remitido a esa administración para advertirle de las carencias e incumplimientos, pero como no han sido corregidos, la ONG ha decidido acudir a ambos defensores. El MPDL pidió el cierre del centro.
La organización -investigada por empadronar en su sede a 1.194 inmigrantes- achacó las diligencias a un intento por desacreditar su labor. Sobre esta cesión del domicilio a los inmigrantes a efectos de que recibieran notificaciones, Espejo aclaró: "El Ayuntamiento no sólo lo sabía, sino que trabajábamos de común acuerdo". El MPDL apuntó que suele ser una práctica habitual entre las ONGs dado la falta de domicilio fijo de los inmigrantes. El Ayuntamiento niega que acordase con las organizaciones la domiciliación en sus sedes a efectos del empadronamiento.
