Ley de Urbanismo
Jaume Oliveras, diputado de ERC en el Parlament, afirmó el pasado 24 de febrero, refiriéndose a mi artículo sobre vivienda del 17 de febrero, que "la Ley de Urbanismo de Cataluña establece una reserva para vivienda de protección como mínimo del 20% del techo residencial de nueva implantación", y que a partir de este 20% los municipios pueden hacer lo que decidan. La realidad es que lo que viene sucediendo en la mayoría de los casos es que prácticamente no se cumplen los mínimos fijados, con fórmulas de protección que no permiten el acceso a una vivienda a las familias más modestas. Desde el Ayuntamiento de Barcelona han sido muchos los casos en los que se ha superado incluso el 25 % que se adoptó en un acuerdo del pleno, siendo esta institución la Administración pública que mayor esfuerzo ha hecho más allá de sus competencias.
La propuesta de enmienda a la Ley de Urbanismo que hizo ICV en el Parlament y que apoyó el PSC, planteaba un porcentaje no inferior al 50% para vivienda de protección pública como forma de crear patrimonio público de suelo. Esta propuesta respondía a una voluntad firme de afrontar la grave carencia de vivienda asequible desde la promoción pública y el alquiler. La diferencia entre fijar el 20% de protección (CiU i ERC) y el 50% de protección y pública, es la que hay entre querer hacer política de vivienda contundente y creíble y la que no. Otras autonomías, como Euskadi, ya lo aplican.
