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Mas promete invertir 600 millones de euros para abaratar la vivienda

El Gobierno catalán afirma que pondrá en el mercado 3.700 pisos de alquiler protegido

¡Basta de competir para ver quién ofrece más viviendas como vienen haciendo administraciones y partidos! Lo pidió ayer con energía el conseller en cap, Artur Mas, antes de presentar un plan de actuación en el mercado inmobiliario que, confía, tendrá efectos balsámicos. Un plan a cinco años con una primera inversión para 2003 de 600 millones de euros. Objetivo inmediato: poner al alcance de los menos favorecidos 3.700 viviendas de alquiler protegido.

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El plan presentado ayer por Artur Mas y el consejero de Política Territorial, Felip Puig, consta de 19 medidas, algunas de ellas propuestas hace meses por otras administraciones y fuerzas políticas y no siempre aceptadas por CiU. El objetivo, dijo Mas, es intervenir en un mercado inmobiliario "sometido a tensiones". Hay dos tipos de compradores: los que invierten y los que adquieren una vivienda para usarla. Las ayudas del Gobierno catalán van destinadas exclusivamente al segundo grupo y buscan beneficiar a los colectivos con dificultades para adquirir un piso, como los jóvenes y los matrimonios con hijos.

Algunas medidas no dependen del Gobierno catalán, pero se negociarán con los responsables: con el Gobierno central, la reducción del IVA; con los municipios, el incremento del IBI para los pisos desocupados, como fórmula de incentivar que sus dueños los pongan en alquiler.

- Ayudas a la compra. Se facilitarán ayudas para la adquisición de viviendas de protección oficial. Se destinarán 36,3 millones de euros para unas 5.000 viviendas, las mismas previstas para 2002, pero por debajo de las que finalmente se empezaron: 5.459.

- Alquiler protegido. El Gobierno ha obtenido del Banco Europeo de Inversiones un crédito de 100 millones de euros. Los destinará a fomentar la construcción de pisos de alquiler de protección oficial, En 2003 deberían iniciarse 2.050 viviendas de este tipo: 1.050 financiadas con fondos del Ministerio de Fomento y el resto con el crédito citado.

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- Segunda mano. El Gobierno central ha aceptado aumentar el precio de pisos de segunda mano que pueden recibir ayudas. Hasta ahora el mercado impedía que se beneficiaran de ellas las viviendas del área metropolitana. Esto facilitará la adquisición de 1.300 pisos de estas características. En 2002 se preveía la misma cifra, pero sólo 682 recibieron ayudas.

- Alquiler para jóvenes. Aumento de las bolsas jóvenes de vivienda para que alcance a unas 1.500 personas.

- Seguro de alquiler. El Gobierno catalán pagará un seguro a los propietarios que decidan alquilar sus pisos. Este seguro cubrirá los gastos de posibles juicios de desahucio, los impagos y los destrozos. Se estima que 1.000 pisos se incorporarán así al mercado.

- Vivienda pública. El Instituto Catalán del Suelo (Incasol) promoverá la construcción de 3.600 viviendas sociales. El presupuesto asciende a 180 millones de euros.

- Suelo. El Incasol promoverá 240 hectáreas de suelo para construir 10.000 viviendas.

- Derecho de tanteo. El Gobierno catalán piensa ejercer el derecho de tanteo y de retracto en algunas transacciones. "Siempre de forma pactada y limitada", matizó Mas. Esto le concede derecho de prioridad a la adquisición, en igualdad de condiciones y, llevado a sus últimas consecuencias, permitiría al Ejecutivo comprar una propiedad igualando el precio escriturado. Se trata de actuar en barrios degradados, dijo.

- Compra para alquiler. El Gobierno catalán comprará 300 viviendas para destinarlas a alquiler protegido. El presupuesto de esta operación es de 25 millones de euros. Esta es una propuesta realizada por ICV.

- Tamaño. El Gobierno está dispuesto a aceptar la propuesta del alcalde de Barcelona, Joan Clos, de reducir el tamaño de los pisos, pero exige tres condiciones: que las nuevas viviendas sean todas protegidas, que se reforme el plan general metropolitano y que se cree un consorcio para que se haga en toda el área metropolitana y no sólo en Barcelona.

- Limitación de residentes. Una cédula de habitabilidad establecerá el número máximo de ocupantes que pueda haber en una casa. Se trata de evitar las grandes concentraciones inadecuadas que se registran en algunos barrios. Esta propuesta fue hecha por el PSC.

- Rehabilitación. 17 millones de euros para ayudar a rehabilitar 17.500 viviendas. El pasado año se rehabilitaron 8.991, aunque se preveían sólo 7.500.

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