El PSC lleva al Parlament la reprobación de Felip Puig

El PSC presentó ayer en el Parlament una moción en la que se propone la reprobación del consejero de Política Territorial, Felip Puig, por no haber presentado en el plazo acordado el proyecto de ley de la vivienda. En el pleno de ayer se rechazó, con los votos de CiU y el PP, recurrir ante el Constitucional contra la ley financiera, en concreto los artículos referidos a las cajas de ahorro.

La moción contra Felip Puig, que se verá en el próximo pleno, recuerda que la Ley de Urbanismo obligaba al Gobierno catalán a presentar una ley de vivienda antes del 31 de diciembre pasado.

El Parlament ya votó una reprobación de Felip Puig en mayo de 2001. Entonces era consejero de Medio Ambiente y el motivo fue el retraso en la presentación del Plan Director de Campos de Golf. En noviembre de 2002, Puig evitó ser reprobado de nuevo gracias al apoyo parlamentario del PP. Ese mismo año, en julio, los populares habían amenazado al Gobierno catalán con varias reprobaciones, entre ellas la de Puig, pero la propuesta quedó en nada.

En esta ocasión, los socialistas reprochan al consejero el incumplimiento de diversas normas aprobadas por el Parlament que le obligaban a presentar una ley de la vivienda; pero también el haber facilitado datos falsos sobre las viviendas de alquiler para jóvenes. Estos datos omitían las construcciones de algunos ayuntamientos gobernados por la izquierda, en especial el de Barcelona.

Los datos figuraban en una respuesta al diputado del PP Daniel Sirera, quien esta misma semana ha recibido una carta en la que le indican que la respuesta anterior era incompleta. No obstante, la nueva tampoco coincide con los datos que obran en poder de los municipios porque también figuran a la baja.

Primera recusación

El pleno de ayer aprobó, por primera vez, recusar al presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Jiménez de Parga, en un litigio por invasión de competencias, después de sus polémicas declaraciones negando la realidad de las comunidades autónomas históricas y a favor de la reforma del artículo octavo de la Constitución. El Parlament dio luz verde, con los votos en contra del Partido Popular, al recurso contra la ley estatal de Testamento Vital tras el preceptivo informe del Consejo Consultivo.

Los grupos favorables al recurso (CiU, PSC, ICV y ERC) lamentaron que el Partido Popular aprovechara la Ley de Testamento Vital catalana, previa a la estatal, para elaborar la suya y otorgarle además carácter de norma básica. Según el recurso, existe una clara invasión de competencias de la Generalitat. El PP se agarró a los votos particulares de algunos miembros del Consejo Consultivo para rechazar el recurso.

El convergente Jaume Camps calificó la ley estatal de "claro ejemplo de regresión autonómica" y el socialista Ramon Espasa acusó al PP de haber "vampirizado" la norma catalana. Pero fue la propuesta de recusación de Jiménez de Parga la que centró la mayor parte del debate. Todos los grupos censuraron las palabras del presidente del Tribunal Constitucional, pero mientras que el bloque de izquierdas y CiU consideraron que estas manifestaciones inhabilitan a Jiménez de Parga para desempeñar su cargo, la popular Dolors Nadal acusó al resto de los partidos de magnificarlas y defendió su trayectoría al frente del alto tribunal.

Menos suerte tuvo la propuesta del bloque de izquierdas para recurrir ante el Constitucional contra la Ley Financiera, en concreto los artículos referidos a los órganos de gobierno de las cajas de ahorro. CiU y el PP rechazaron la presentación del recurso pese a que el Consejo Consultivo apreció una posible inconstitucionalidad en un total de cinco artículos.

Marià Curto, de CiU, consideró que ninguno de los artículos referidos afecta a las competencios de la Generalitat, sobre todo tras la aprobación de la ley de cajas autonómicas. Pero el socialista Martí Carnicer acusó a los nacionalistas de anteponer los intereses de la federación a los del propio Gobierno catalán ya que, pese al informe del Consejo Constultivo, optaron por no recurrir contra la ley.