La reforma del ministerio fiscal sigue adelante gracias a CiU, PNV y CC
El PP pregunta al PSOE si mantiene deudas con Jiménez Villarejo
La reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal seguirá su tramitación parlamentaria, tras haber sido rechazadas ayer las enmiendas de totalidad del Bloque Nacionalista Galego, Eusko Alkartasuna, IU y el PSOE, gracias a los votos unidos de PP, CiU, PNV y Coalición Canaria.
El ministro de Justicia, José María Michavila, presentó el proyecto del Gobierno con una intervención moderada y cortés, aunque con alguna carga de profundidad contra el PSOE. El ministro destacó los aspectos fundamentales de la reforma, que justificó porque el texto aún vigente data de 1981.
Las novedades fundamentales, según el ministro, son la limitación a cinco años del mandato de los fiscales jefe, que el Consejo Fiscal tenga mayor peso y que su elección "no sea por estamentos ni por categorías ni quede cristalizada en estamentos jerárquicos". Michavila insistió en que "los fiscales jefe eran "el único cargo vitalicio que quedaba en esta democracia".
La mención provocó un ligero incidente. Cuando Begoña Lasagabaster, en nombre de EA, defendía su enmienda, mostró su sorpresa porque el ministro hubiese afirmado que en la democracia no se puede admitir ningún cargo vitalicio. "No sé qué pensará el Rey", ironizó. El diputado del PP Julio Padilla dijo en voz alta "pero qué tontería", lo que mereció la intervención de la vicepresidenta primera de la Cámara, Margarita Mariscal de Gante, que dirigía el debate.
El debate se centró en los reproches al Gobierno tanto de IU como del PSOE. Le recriminaron que aprovechara la limitación del mandato de los fiscales jefe "para depurar a los fiscales molestos al Gobierno", en palabras de Luis Carlos Rejón, portavoz de IU. Según Rejón, "se pretende cesar a todos los fiscales que se han significado en los casos Matas, Piqué, Benigno Blanco, Repsol, etcétera, o en contra de determinadas políticas del Gobierno" como la inmigración, la extranjería o la seguridad ciudadana.
Javier Barrero, portavoz del PSOE en la comisión, insistió en el mismo flanco. Dijo que el proyecto de ley "amplía la posibilidad de que el Gobierno nombre también fiscales en todas las fiscalías de primera. Cualquier fiscal, no sólo los jefes y los fiscales de primera, cualquiera". Según Barrero, serán decenas los fiscales que "van a ser designados a dedo en vía de ascenso". El diputado socialista se refería a la defensa que había hecho el ministro de la idoneidad como criterio para el ascenso, frente a la exclusiva consideración de la antigüedad como ocurre ahora.
Nombre y apellidos
Todo transcurría en un ambiente de sobreentendidos hasta que el portavoz del PP, Andrés Ollero, decidió poner nombre y apellidos a la disputa. Al rechazar que el plazo de cinco años para los fiscales jefe suponga "una depuración ideológica", Ollero le espetó al Grupo Socialista que debería haber llevado hasta el Congreso "al señor [Carlos] Jiménez Villarejo, a saludar". La referencia al fiscal Anticorrupción se extendió porque, según Ollero, la modificación que propone el PSOE trata de asegurarle "una prórroga en su cargo", "que durante esa prórroga no obedezca al fiscal general del Estado y que esto no empiece a funcionar hasta que él se jubile".
En ese momento, la acusación subió de tono: "¿Qué le deben ustedes al señor Jiménez Villarejo?, ¿qué deuda tienen con él?, ¿le defienden porque se ha ocupado de determinados miembros del Gobierno actual o porque no se ocupó de miembros del Gobierno anterior, o por cómo se ocupó?".
Además, el ministro Michavila y el portavoz del PP Ollero rechazaron la pretensión del PSOE de que el fiscal general del Estado tenga un mandato por tiempo determinado y se enzarzaron en un doble debate, en el que tanto el Gobierno como los socialistas se acusaron de haber mantenido posiciones contrarias en distintos momentos a lo largo de los últimos años.
