Técnicos municipales rechazaron en 1999 la cesión de suelo de Alperi a dos industriales

El departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante rechazó en octubre 1999 indemnizar a dos empresarios por el desmantelamiento de dos industrias harineras radicadas en el ámbito de Plan Parcial de Benalúa, al sur de la ciudad. Sin embargo, tres años más tarde, el alcalde, Luis Díaz Alperi, del PP, ha firmado sendos convenios urbanísticos con los dos empresarios merced a los cuales el Consistorio les cede suelo valorado en 15 millones de euros en compensación por el cese de actividad. Los convenios no cuentan con el aval del secretario de la corporación.

En el trámite para la aprobación provisional del plan parcial de Benalúa, uno de los industriales a los que Alperi ha cedido suelo, en concreto Francisco Bufort, presentó dos alegaciones. En uno de los documentos, el empresario manifestaba su desacuerdo con la división del sector en dos unidades de ejecución, a su juicio, "un mero artificio" para evitar el justo reparto de cargas y beneficios entre todos los propietarios. Según el industrial, la propuesta de planeamiento inicialmente formulada era nula y solicitaba que se estableciera una única unidad de ejecución, o bien que se modificara la ordenación y que las fábricas harineras se considerasen sometidas a una vinculación singular, lo que conllevaría una indemnización por los derechos que no se pueden patrimonializar.

Los responsables del Departamento Técnico de Gestión Urbanística informaron de "que no existe motivo alguno para esta reclamación, puesto que ni se exige el deber de la conservación ni la ordenación lleva consigo una restricción del aprovechamiento urbanístico del suelo que no puede ser objeto de distribución equitativa entre los interesados".

Tres años más tarde, en concreto el 27 de diciembre de 2002, el alcalde firma dos convenios urbanísticos con los industriales, mediante los cuales cede suelo a los empresarios -una parcela de 10.000 metros cuadrados- por valor de 15 millones de euros, para compensarles por el desmantelamiento de dos harineras, radicadas en el ámbito del plan parcial. El convenio también recoge un compromiso de la urbanizadora de los terrenos de compensar al Ayuntamiento con 900.000 euros mediante la construcción de un centro de la tercera edad.

Los dos convenios fueron ratificados por el pleno el pasado día 17 de este mes. Alperi llevó las mociones por la vía de urgencia y en la misma sesión que se debatía el plan para construir el palacio de congresos en la ladera del monte Benacantil.

Tiempos de ejecución

El acuerdo entre los propietarios del terreno y Alperi se materializa adelantándose a los tiempo de la ejecución de los planes parciales. Es decir, antes de la aprobación definitiva del Plan Parcial de Benalúa, del proyecto de urbanización y de la propuesta de reparcelación de sector. Sería en este último estadio donde cabría la firma de los mentados convenios urbanísticos, según expertos en la materia consultados por este periódico. "La firma del convenio en estos momentos es extemporánea, desde la óptica del tempo urbanístico", añaden.

Además, las partes, o sea o Alperi y los dos empresarios, consuman el acuerdo mantiéndose las dos unidades de ejecución en el sector, pese a que uno de los industriales había expresado su rechazo a esta subdivisión, que entraña otra curiosidad: en la unidad número uno sólo quedan dos propietarios, a saber, los industriales y el Ayuntamiento, que ha concentrado toda su parcela en esa zona. Por tanto, los costes del sector tienen que ser asumidos por los empresarios harineros y el Ayuntamiento.

Inicialmente, los industriales mostraban su preocupación ante la posibilidad de que el Ayuntamiento recurriera a la vía de la expropiación forzosa para la ejecución del plan y para ahorrar costes. Sin embargo, finalmente, no ha sido así y el Ayuntamiento ha optado por la vía del convenio urbanístico que ha reportado a los industriales suelo por 15 millones, a cambio de 900.000 euros.

El polémico trueque de suelo, calificado por la oposición "como la más oscura operación urbanística llevada acabo por Alperi, acumula además una serie de irregularidades, entre ellas, la falta de la firma del secretario de la corporación. Por este motivo, Obras Públicas ha paralizado una iniciativa similar del Ayuntamiento de Orihuela.

El alcalde defiende a capa y espada la legalidad del acuerdo, dice que no va a dar marcha atrás y sostiene que interviene en la operación privada para desbloquear un litigio entre la urbanizadora y los industriales.Sin embargo, uno de los empresarios, José Cloquell, era vicepresidente y consejero de la urbanizadora poco antes de firmar el convenio.