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El Gobierno mudo

El año nuevo nos ha traído, hasta el momento, un balance mortal en materia de inmigración: dos polizones en un barco, cinco inmigrantes en el Estrecho, dos inmigrantes en Canarias, un muerto en Ceuta, siete muertos en Málaga y una veintena de desaparecidos. La tragedia de los sin papeles, de los sin nombre, es incesante, y cada vez repercute menos en nuestras adormecidas conciencias. Peligrosamente, empiezan a formar parte de nuestro paisaje cotidiano.

En concreto, la muerte de siete personas tras el incendio ocasionado en la Comisaría Provincial de Málaga ocupa un hueco desvencijado en el cerebro del ministro del Interior, Ángel Acebes. Ha caído en el más absoluto mutismo, en la muerte más cruel, en una muerte injusta a la que el Gobierno no ha dado un solo argumento. Son seres humanos, pero el Gobierno no les ha tratado como tales.

Los inmigrantes fallecidos estaban a disposición de las autoridades españolas, privados de libertad, lo que responsabiliza directamente al Estado por incumplimiento de los deberes de custodia. La muerte no esclarecida de siete personas en una Comisaría de Policía, dependiente directamente del Estado, no ha conseguido arrancar una sola explicación al Gobierno de José María Aznar.

Todavía nos cuestionamos cómo se puede detener en una celda a personas que no han cometido más delito que carecer de documentos. Pero mucho más aún nos preguntamos cómo se puede colocar en la misma celda a víctimas y verdugos. La mayor parte de los inmigrantes que se encontraban detenidos, compartían celda con las mismas personas que traficaron con sus vidas y les obligaron a pagar una gran suma para cruzar el Estrecho.

¿Qué pensaríamos si las autoridades españolas ingresaran en el mismo calabozo a violada y violador?. El escándalo sería inmenso. Los pronunciamientos públicos constantes. El tratamiento en medios de comunicación se multiplicaría: tertulias, editoriales, reportajes, etcétera. Tendríamos comparecencias parlamentarias, comisiones de investigación y quizás, escucharíamos alguna palabra más de las que hasta ahora ha pronunciado el ministro del Interior.

Seguramente sí, porque ni una sola palabra ha sido pronunciada por el Gobierno para pedir disculpas por lo sucedido a las familias de los fallecidos, muchos de los cuales residen legalmente en nuestro país, pagan sus impuestos y tienen sus derechos. Ni una sola palabra para ofrecer ayuda a las familias, ni una sola palabra para informarles de lo sucedido.

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Siete personas mueren y otras siete resultan heridas bajo la custodia del Gobierno y ningún miembro del mismo comparece en el Congreso de los Diputados para ofrecer ni una sola explicación a la sociedad.

Los familiares de los inmigrantes piden justicia y Andalucía Acoge también. Exigimos que el plan de emergencias de la Comisaría de Málaga, que como edificio público ha de tener, sea puesto a disposición de la autoridad judicial para evaluar si funcionó adecuadamente. Andalucía Acoge no permitirá que esta investigación, llena de flecos sin resolver, se cierre en falso.

Desde aquí lanzamos una pregunta al Gobierno: ¿qué hubiera ocurrido si siete españoles hubieran muerto en una cárcel de Marruecos, qué hubiera pasado si los inmigrantes fallecidos hubieran sido extranjeros de la Unión Europea? ¿También en estos casos nuestro ministro de Interior se habría quedado mudo?.

Este triste acontecimiento ha puesto en evidencia la vergonzosa falta de sensibilidad del Gobierno español, para el que una vida humana vale más o menos dependiendo del lugar de nacimiento, color de la piel o nivel adquisitivo. Ha puesto de manifiesto que para este Gobierno estos muertos no interesan; no merecen los derechos de cualquier ser humano: el derecho a la vida y a la justicia.

Y si no actúan nuestros gobernantes, la sociedad en su conjunto deberá dar una respuesta a tanta desidia y desprecio. De lo contrario, tendremos los gobernantes que nos merecemos.

José Luis Rodríguez Candela es presidente de Andalucía Acoge

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