Piden cinco años de cárcel por quedarse con el dinero de una expropiación
Se quedó, presuntamente, con 63.086 euros de un cliente. Un abogado, Pedro Antonio M. M., se enfrenta a una solicitud de cinco años de prisión y una multa de 1.803 euros que solicita el ministerio fiscal por un delito de apropiación indebida.
El letrado debía gestionar el expediente de expropiación de un inmueble. Así lo hizo, vendió la casa por 63.086 euros, pero supuestamente decidió quedárselos. En su escrito de acusación, el ministerio público asegura que el procesado -condenado en 1997 a tres años de prisión como autor de otro delito de apropiación indebida-, obtuvo en 1996 el encargo profesional de gestionar el expediente de expropiación que el Ayuntamiento de Madrid abrió sobre la vivienda de José Luis G. O., de 73 años.
La intención del denunciante al contratar los servicios del procesado era la de obtener un mejor justiprecio por la expropiación del inmueble, situado en el número 2 de la calle del Rondón, en el distrito de Tetuán. Para ello, el cliente adelantó a su abogado, que por entonces estaba expulsado del Colegio Profesional de Madrid, 3.906 euros en concepto de provisión de fondos.
En 1997, el imputado requirió a José Luis G. O. un poder notarial amplio que le otorgara la facultad de recibir en su nombre la cantidad que el Consistorio de la capital le entregaría por la adquisición de su casa, a lo que el denunciante accedió confiando en su letrado, que le representó durante cerca de ocho años.
El 24 de octubre de 1997, el inculpado cobró un talón por valor de 63.086 euros, correspondiente al precio por el que el Ayuntamiento de Madrid había expropiado la finca perteneciente a José Luis G. O., e ingresó dicha cantidad en una cuenta corriente a nombre de su hija menor.
Propio beneficio
Siempre según el fiscal, Pedro Antonio M. M. ocultó a su cliente durante dos años la venta de la casa y el cobro del dinero que había obtenido por ella, disponiendo en ese tiempo de esta cantidad en su propio beneficio. El abogado fue detenido el 2 de junio de 1999, después de que los afectados se percataran de la irregularidad.
Nada más iniciarse el procedimiento penal, el acusado devolvió al litigante gran parte del dinero que le fue entregado por la venta de la finca, quedando no obstante pendiente de reintegro al supuesto perjudicado un total de 5.409 euros correspondientes a intereses y a la provisión de fondos que adelantó al procesado. El representante del ministerio público calificó los hechos como constitutivos de un delito de apropiación indebida con la concurrencia de la circunstancia agravante de reincidencia, y pidió cinco años de prisión y multa de 1.803 euros.
La defensa negó los delitos que se imputan a su representado y solicitó su libre absolución y, alternativamente, la aplicación de la atenuante de reparación completa del daño causado.
