Pulso maratoniano de la Generalitat con Uni2 para intentar salvar al-pi
Uni2 (France Telecom) y la Generalitat no lograron alcanzar ayer ningún acuerdo que asegurara la viabilidad del operador catalán de telecomunicaciones al-pi, tras una maratoniana junta de accionistas que se prolongó por espacio de casi 14 horas y que hoy continuará con la espada de Damocles de la quiebra sobre al-pi.
Al filo de la medianoche, fuentes de la Generalitat confesaban la "seria preocupación" de Jordi Alvinyà, secretario de Telecomunicaciones y negociador del Gobierno catalán, ante el riesgo de que, si tampoco hoy hubiera acuerdo, Uni2 pueda forzar la disolución de la empresa. Ambas partes expresaron, sin embargo, su deseo de llegar a un pacto que evite la quiebra.
Al-pi, marca con que Catalana de Telecomunicaciones opera para el mercado empresarial, privatizada hace tres años con el fin de crear un operador fuerte con sede en Barcelona, acumula una deuda de 115 millones de euros.
Uni2, condicionada por la propia y voluminosa deuda de France Telecom (70.000 millones de euros) está dispuesta a salir del capital, pero no a cualquier precio. La Generalitat, dueña del 25% quiere recomprar el 75% que el socio francés controla en al-pi, pero no por más de 50 millones de euros, vista la deuda de la empresa.
Fuentes del sector apuntaron que Uni2 pide cerca de 100 millones por su 75%, en el que invirtió más de 78 millones hace tres años, un momento muy distinto para el sector. La filial española de France Telecom declinó realizar declaraciones hasta que concluya el pulso.
Ante la negociación de hoy, todas las opciones están sobre la mesa. Una posibilidad barajada sería la de pactar una ampliación de capital que salvara la empresa con el compromiso de una posterior recompra por la Generalitat, que ha tanteado a varias compañías para que gestionen la red de al-pi cuando vuelva a ser pública.
Pero toda nueva inyección de capital topa, según la Generalitat, con la necesaria consulta con París de Uni2, que quiere limpiar deuda. La Generalitat propone una aportación conjunta de 82 millones, para limpiar deuda y, a la vez, aportar liquidez a la empresa.
