El nuevo secretario del Tesoro de EE UU tendrá que doblegar una economía en crisis
John Snow, empresario de ferrocarriles, trabajó en los años setenta en el Gobierno de Ford
George W. Bush cerró ayer su primera crisis de Gobierno. John Snow, un semidesconocido empresario de ferrocarriles, fue nombrado secretario del Tesoro para reemplazar a Paul O'Neill, que proclamó su enfado no asistiendo al acto de presentación de su sucesor. El éxito o el fracaso de Bush en su carrera hacia la reelección, en 2004, dependerá en gran medida del trabajo de Snow, cuya misión será la de hacer despegar una economía que capota o, al menos, convencer al público de que el Gobierno presta tanta atención a la caída del crecimiento como a la guerra contra el terrorismo.
La figura de Snow, de 63 años, no parecía en un primer momento lo bastante poderosa como para enfrentarse a una tarea crucial para Bush, obsesionado con la experiencia de su padre, que ganó la guerra del Golfo, pero perdió las elecciones por no haber sabido gestionar la economía. Como Paul O'Neill, Snow había trabajado en el Gobierno de Gerald Ford (1974-77). Fue en esa época (1974), en la que ejercía como subsecretario de Transportes, cuando conoció a Dick Cheney, hoy vicepresidente y entonces jefe de gabinete de la Casa Blanca. Cheney ha dirigido el proceso de selección del nuevo secretario del Tesoro y, como hizo con O'Neill, ha optado por un técnico sin peso político, de escaso renombre en Wall Street y sin experiencia en temas monetarios.
En principio, Snow parece más dócil y diplomático que O'Neill, pero se enfrentará al mismo problema: deberá poner en práctica un programa económico elaborado en la Casa Blanca bajo criterios más políticos que técnicos. También heredará la dificultad de simular que el Gobierno tiene una estrategia definida respecto a la paridad del dólar, cuando, en realidad, Bush nunca ha sabido qué hacer con la divisa estadounidense. La disyuntiva entre mantener un dólar fuerte o, como aconsejan los elevados déficit externos, dejarlo caer nunca ha sido despejada.
El presidente presentó a Snow como "un excelente dirigente empresarial, un experto en política económica, un académico y un servidor del Estado". Snow era, hasta ahora, presidente de CSX, una empresa de transporte de mercancías por ferrocarril; fue presidente de una asociación nacional de ejecutivos, y formaba parte del Augusta National, el club de golf que organiza el más conocido torneo de este deporte, actualmente muy criticado por no admitir a mujeres. Para evitar polémica, Snow abandonó el club ayer mismo. Al nuevo secretario del Tesoro se le atribuyen un buen trato personal y una gran capacidad de convicción, probablemente las virtudes que más pesaron en su nombramiento.
Wall Street, que aplaudió el despido de O'Neill, acogió a Snow con indiferencia. O'Neill, por su parte, rehusó acudir a la presentación de Snow, aún furioso por el hecho de haber sido obligado a dimitir con una llamada de Cheney.
El nuevo secretario del Tesoro, que deberá ser confirmado por el Senado en enero, afirmó que Bush había logrado que la recesión de la primavera de 2001 fuera "una de las más breves y suaves" de la historia. Pero admitió que el desempleo, que la semana pasada subió del 5,7% al 6% de la población activa, se había convertido en un problema grave: "No podemos estar satisfechos hasta que cada persona desempleada y en busca de un empleo tenga la oportunidad de trabajar". Bush aprovechó para insistir en que los impuestos son el nudo de las dificultades económicas: "A muchos americanos apenas les queda dinero después de pagar sus impuestos", dijo.
A Snow le corresponderá defender la segunda ronda de reducciones de impuestos decidida por la Casa Blanca. Karl Rove, el omnipotente guru de Bush, ha bautizado la ronda como "plan de crecimiento", y ha prohibido que se utilice la palabra "estímulo" para referirse al proyecto, porque de ello se deduciría que la economía necesita precisamente eso, estímulo, y que, por tanto, va mal. Bush quiere, además de hacer permanente la rebaja de 1,3 billones aprobada el pasado año con vigencia para una década, reducir la presión fiscal en unos 300.000 millones de dólares en 10 años. Los principales beneficiarios serán las empresas, los inversores y las rentas más altas.
