Alfons López Tena, vocal del Consejo General del Poder Judicial, constata un retroceso de las libertades en España
Las libertades están siempre amenazadas, pero la situación derivada de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos ha provocado un retroceso en los derechos de los ciudadanos cada día más evidente. Es lo que constató ayer un seminario de abogados y jueces reunidos en el Colegio de Abogados de Barcelona. Alfons López Tena, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), situó a España entre los países donde las restricciones son más evidentes.
López Tena analizó diversas leyes aprobadas en el último año y medio que "atacan a las libertades de todo el mundo". El vocal del CGPJ recordó que desde el último año "cualquier comunicación telefónica, telegráfica, postal y por Internet puede ser intervenida con la autorización de un juez del Tribunal Supremo a petición de la policía" y que cualquier sitio web se puede clausurar "con la excusa de la protección a la juventud". López Tena también se remitió a la Ley de Partidos, "que no sólo puede llevar a la ilegalización de una formación política, sino a la incautación de su patrimonio". Finalmente, habló del proyecto de ley sobre el bloqueo de fuentes de financiación del terrorismo, que "permitirá la investigación, sin necesidad de autorización judicial, de cuentas bancarias".
López Tena habló en un debate moderado por Luis del Castillo, decano del Colegio de Abogados, en el que intervinieron Roser Ràfols, diputada de la junta de gobierno del mismo colegio; Ángel Garcia Fontanet, presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña; Pedro Martín, presidente de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona; el notario Joan Josep López Burniol, y Xavier Vidal-Folch, director adjunto de EL PAÍS.
A la pregunta de si las presiones del poder político sobre el judicial son más fuertes ahora que hace unos años, Martín respondió que ésa "es una tensión que forma parte de la naturaleza de las cosas". Lo que considera más preocupante es que "el poder judicial opere en el recorte de garantías". En este sentido, aseguró que el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo "vienen produciendo resoluciones que recortan los derechos y las garantías de los ciudadanos". López Burniol recordó: "Las leyes emanan de la convención social dominante, y las limitaciones, de nosotros mismos".
El notario situó las restricciones de las libertades en un contexto más amplio: la globalización y la desaparición del equilibrio entre potencias, que ha dado como resultado "una situación de vacío normativo" y "un unilateralismo a nivel internacional". López Burniol defendió "una ley para todos" que, a su juicio, tiene que liderar el Tribunal Penal Internacional (TPI), pero Ràfols lamentó que el TPI esté "mediatizado" por el poder político. Garcia Fontanet agregó que "cuando la gente se obsesiona por la seguridad, las medidas de mando generan complicidad".
El caso de la juez Ruth Alonso en el País Vasco planeó sobre el debate. Joaquim Bayo, juez de la Audiencia de Barcelona, defendió a "una juez que ha aplicado la legalidad y que ha recibido ataques furibundos". En su intervención, Vidal-Folch se refirió a la "erosión de la convivencia cotidiana" por culpa del terrorismo, que "coarta a los periodistas y contamina el derecho a la información veraz" al dificultar "la necesaria tranquilidad moral para evaluar".
