La juez ordena el ingreso en prisión del director general de la promotora CPV
La juez de Madrid Rosario Espinosa ordenó ayer el ingreso en prisión provisional y sin fianza de Francisco García Moreno, director general de la promotora Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV), investigada por un supuesto delito de estafa. La magistrada dispuso el encarcelamiento de García Moreno después de que éste declarara durante cinco horas.
Espinosa también decretó el miércoles prisión para Miguel Ángel Morillo del Pozo y los hijos de García Moreno, Francisco Javier y Miguel Ángel García Sánchez, administradores de CPV. Los tres responsabilizaron a García Moreno de la gestión de la promotora.
Los orígenes de este caso se remontan a 1998, cuando más de 1.200 familias adelantaron a CPV 30 millones de euros para la compra de viviendas en los nuevos barrios del norte de Madrid. Cuatro años después, las casas no están construidas - la promotora vendió el suelo destinado para tal fin- y muchas de las familias no han recibido aún el dinero que entregaron. García Moreno, que exculpó a los administradores de cualquier responsabilidad, reconoció ante la juez que debe a 500 compradores 18 millones de euros que adelantaron para la compra de pisos, según contaron los abogados de los afectados.
El director general de CPV afirmó también que 'vendió' el terreno destinado a la construcción de las casas porque necesitaba dinero para devolver las entradas de las personas que iban rescindiendo sus contratos con la promotora. A pesar de reconocer la deuda, García Moreno aseguró que el dinero que recibió por la venta del suelo y los adelantos de los compradores están en 'otros activos de la empresa'. En concreto, en cinco sociedades participadas por la promotora. Una de ellas, llamada Urbanizaciones Santa Marta, con sede en Rota (Cádiz), está valorada en 162 millones de euros, según García.
El director de CPV explicó que el dinero de los compradores fue ingresado en varias cuentas corrientes. Una de ellas contenía las señales y la otra las letras. Moreno aseguró que manejó dinero de la primera y que desconoce cuánto capital queda en ellas. Las acusaciones particulares consideran que estas declaraciones 'dejan claro' que puede haber delitos de estafa, apropiación indebida y alzamiento de bienes. Por ello, han solicitado a la juez que intervenga las cuentas de CPV y todas las sociedades de su propiedad.
