La nueva ley de haciendas locales, un despropósito
Al final, el Gobierno del Estado ha presentado la tan esperada propuesta de reforma de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, que trae consigo la supresión del IAE (impuesto sobre la actividad económica y empresarial). Y digo esperada porque se trata de una promesa electoral, anunciada desde hace tiempo y que no se ha concretado hasta ahora. Es una reforma legislativa importante y muy discutible tanto en la forma como en el fondo.
Se puede cuestionar en cuanto a la forma porque se presentó el pasado 8 de octubre con la pretensión de que entrara en vigor el próximo 1 de enero, en un momento en que todos los ayuntamientos estaban a punto de aprobar las ordenanzas fiscales para el ejercicio de 2003, ya que, de lo contrario, no tendrían vigencia para todo el ejercicio. Se trata de unas ordenanzas que necesariamente hemos tenido que elaborar sin conocer las propuestas del Gobierno. Si se hubiesen modificado sería en función de una propuesta gubernamental, pero sin tener en cuenta la tramitación en las Cortes para que obtengan el rango de ley. O se ignora el problema que se causa a los ayuntamientos o se menosprecia a las Cortes, donde no se pretende tocar ni una coma si tenemos en cuenta la mayoría absoluta del PP, como ya se ha visto en el Congreso de los Diputados. Vuelven a pasar el rodillo obviando de nuevo la negociación necesaria con las organizaciones municipalistas y con los grupos parlamentarios.
Pero más allá de la forma, en el fondo existe la voluntad de agradar al sector de pequeños empresarios y trabajadores autónomos, con la pretensión de rentabilizarlo electoralmente. Se trata de insistir en el discurso del radicalismo neoliberal, en la confianza de que los impuestos se tienen que rebajar por sistema, ignorando así que las sociedades económicamente más avanzadas, las que más progresan y las que tienen mayor cohesión social son las que soportan mayor presión fiscal. Son los países del centro y del norte de Europa, es decir las denominadas sociedades del bienestar. Asimismo, el Gobierno de Aznar se empeña en defender la falacia de que evitando el pago de 300 euros anuales podrían crearse más puestos de trabajo y se convertirían en viables actividades que ahora no lo son.
A todo ello, es importante dejar claro que pagar impuestos sólo es positivo si se traduce en servicios prestados por la Administración, servicios que tienen que contribuir a garantizar unas condiciones de vida dignas y de calidad para el conjunto de la ciudadanía. No obstante, si teniendo en cuenta todo lo expuesto se puede reducir la presión fiscal, mucho mejor.
Modificar el IAE es necesario y razonable. Pero hay que garantizar la necesaria compensación para los ayuntamientos, que ven reducido su potencial de recaudación. Se tiene que evitar que su supresión represente un aumento de la presión sobre los residentes y propietarios de inmuebles a través del IBI (impuesto sobre bienes inmuebles), un impuesto casi universal en nuestros municipios, o que se traduzca en una degradación de los servicios municipales que reciben todos los ciudadanos y ciudadanas.
Es obvio que se puede introducir alguna nueva tasa por el uso del dominio público por parte de las empresas de servicios, como por ejemplo las eléctricas o las de telefonía, o crear nuevas figuras tributarias de carácter medioambiental, pero en cualquier caso son totalmente insuficientes y sólo pueden tener un carácter complementario. Hay que compensar a los ayuntamientos aumentando su participación en los tributos del Estado, tendiendo a obtener una redistribución del gasto público entre los entes locales (el 30%), los autonómicos (el 30%) y la Administración del Estado (el 40%).
Por ser la Administración más cercana a la ciudadanía, los ayuntamientos han asumido competencias que no les son propias para poder dar cobertura a la demanda/presión ciudadana, mientras que su participación en el gasto público español casi no se ha alterado en los últimos 25 años de régimen democrático. Algunas demandas en materias como educación infantil (o incluso universitaria), transporte público y seguridad ciudadana, entre otras, que son competencias de las administraciones superiores, muchas veces acaban castigando a las haciendas municipales. Es una forma de contribuir al déficit cero de la hacienda estatal, mientras se presenta a los ayuntamientos, y concretamente a las formaciones que los gobiernan, como malos gestores. En este contexto es una cruel paradoja que, de forma unilateral e ignorando las demandas municipalistas, el Gobierno del Partido Popular reduzca los ingresos de las haciendas locales, en contradicción con la tendencia dominante en Europa de reforzar el papel de los municipios.
Otra vez estamos, pues, delante de una actuación centralista del Gobierno del señor Aznar. Es una actuación contraria al principio de subsidiariedad que tiene que regir la relación entre las administraciones en el seno de la Unión Europea, un principio que defiende la prestación de los servicios por parte de la Administración más cercana a la ciudadanía y que obviamente no puede garantizarse sin los recursos correspondientes.
A pocos meses de las elecciones municipales, que tendrán lugar el próximo mayo, sólo se puede abordar una reforma legislativa de esta magnitud desde el consenso con los municipios y con la totalidad de las fuerzas políticas del arco parlamentario. De no ser así, podemos asistir nuevamente a otro despropósito del señor Aznar y de su gente y pronto a una nueva rectificación, como ha pasado recientemente con el decretazo en lo que se refiere a la reforma laboral.
Joan Sabaté i Borràs es alcalde de Tortosa y senador socialista por la Entesa Catalana de Progrés.
