Vilarasau no lo hubiera permitido
Una de las principales características de los 22 años de pujolismo ha sido el constante intento del Gobierno de la Generalitat por controlar la sociedad catalana. Asociaciones, fundaciones, sindicatos, patronales, medios de comunicación, grandes empresas, editoriales, escuelas, universidades, cajas de ahorros y clubes deportivos han sufrido un tenaz asedio moral y material, con infiltraciones de comisarios políticos y coacciones de todo tipo. La larga mano del poder político catalán se ha dejado sentir con fuerza en todos los niveles de nuestra sociedad.
Ciertamente, como sucede a menudo, la teoría oficial convergente ha sido la contraria: debe potenciarse la autonomía de la sociedad civil frente a las intromisiones del poder. Todo ello ligado a esta peregrina idea de que somos una nación sin Estado: el poder sólo está en Madrid, aquí simplemente tenemos representantes naturales de nuestra comunidad, ajenos al verdadero poder político. Sin embargo, era evidente que los mismos intelectuales que teorizaban estas ideas solían vivir subvencionados por quienes llevaban a cabo, desde la Administración autonómica, una práctica contraria. Todo ello ha creado un entramado de intereses que ha reducido hasta el mínimo la masa crítica necesaria para que pueda existir una opinión pública libre, ha influido en los mismos partidos políticos de la oposición y ha contribuido a que nuestra sociedad sea denominada, con justicia, el oasis catalán.
Ahora bien, algunas entidades han escapado a este control, trampeando como han podido -a menudo con importantes concesiones- los intentos de ser atrapadas en las redes que el poder catalán les ha tendido. Entre ellas, destacan dos de muy distinto carácter pero de gran influencia social y económica: el Barça y La Caixa. Los intentos fallidos de hacerse con el control del Barça son de dominio público: candidatos fracasados a la presidencia del club pasaban después a ocupar cargos políticos de Convergència o políticos convergentes entraban en la directiva azulgrana.
Los intentos de influir en La Caixa son mucho menos conocidos. Pero la habilidad estratégica de una persona ha logrado, por ejemplo, que Pujol se enterara por los periódicos de los nombramientos de dos de los tres presidentes de la entidad nombrados durante su mandato: Salvador Millet i Bel y Juan Antonio Samaranch. Los berrinches subsiguientes del presidente de la Generalitat al comprobar en estos casos los fallos de sus habitualmente infalibles sistemas de vigilancia han marcado época. ¿Quién ha sido esa persona que lograba que algo tan importante escapara al control de la primera autoridad de Cataluña? Josep Vilarasau, desde 1976 director general de la entidad y, en los últimos años, presidente ejecutivo de la misma. Vilarasau es, sin duda, el banquero más importante de la historia de la Cataluña del siglo XX y eso indudablemente duele a quien hubiese deseado ocupar este lugar. Por todas estas razones, Fabián Estapé ha dicho, con acierto, hace pocos días que los actuales intentos de descabalgar a Vilarasau de la presidencia de La Caixa deben ser vistos como 'un ajuste de cuentas'.
En efecto, Vilarasau se encontró en 1976 una Caixa sólidamente implantada en Cataluña pero con 224.000 millones de pesetas en depósito de clientes, y ahora ronda los 14 billones; de 362 oficinas ha pasado a tener 4.653; sus paquetes accionariales son decisivos en las más importantes empresas españolas, por ejemplo en Repsol, Telefónica, Gas Natural, Endesa, Aguas de Barcelona y el Banc de Sabadell; tiene más del 60% del capital de la histórica Edicions 62 y durante un tiempo fue la accionista mayoritaria del Deutsche Bank. De ser muy importante en Cataluña, La Caixa ha pasado a ser la tercera entidad financiera de España y la segunda caja de ahorros de Europa.
Pero el éxito no se perdona. CiU ha pactado con el PP una ley mediante la cual se establece el límite de edad de los consejeros de cajas de ahorro en 70 años, lo cual impide que Vilarasau pueda seguir siendo presidente. Ahora bien, esta norma no puede tener carácter de básica, con lo cual no debe aplicarse a Cataluña y, por tanto, la Generalitat debería modificar la ley catalana para lograr lo que parece ser su objetivo. El intento de que se aplique la ley estatal -como aún mantienen algunos- no tiene base jurídica debido al principio constitucional de supletoriedad, el cual no opera entre normas sino entre ordenamientos. Y el ordenamiento catalán no prevé edad de jubilación.
Comprendo que la Generalitat quiera meter baza en La Caixa. Todo poder siempre quiere más poder. Y lo entiendo todavía más a la luz de la información que suministraba ayer este periódico -que no he visto reflejada en los demás grandes rotativos de nuestro querido oasis- según la cual un informe de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, institución teóricamente encargada de controlar el gasto de la Generalitat, ofrecía alarmantes irregularidades en la gestión correspondiente al año 1998 del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), una especie de banca pública de nuestro Gobierno autónomo. Entre otras consideraciones, el informe admitía que se han concedido de forma ilegal créditos y gratificaciones al personal de ICF, que el Gobierno catalán tuvo que aportar en dicho año 1.000 millones de pesetas para cubrir operaciones avaladas que finalmente resultaron fallidas y que el ICF ha acumulado 4.321 obras de arte (sic) en compensación de créditos no devueltos.
Comprendo que quieran quitarse de en medio a Vilarasau y así tener mano -ojo: no digo 'meter mano'- en La Caixa. Una mala gestión como la del Instituto Catalán de Finanzas Vilarasau no la hubiera permitido.
Francesc de Carreras es catedrático de Derecho Constitucional de la UAB
