El Consejo Fiscal aprueba el relevo del fiscal jefe del 'caso Nevenka'
El Consejo Fiscal, organismo integrado por representantes de las asociaciones de la carrera fiscal, aprobó ayer por 10 votos a favor y dos abstenciones la remoción del fiscal José Luis García Ancos como fiscal jefe de Castilla y León a consecuencia del interrogatorio que realizó a la concejal Nevenka Fernández sobre el acoso sexual al que la sometió el alcalde de Ponferrada (León), Ismael Fernández (PP).
La remoción de García Ancos fue aprobada con los votos favorables del fiscal general, Jesús Cardenal, y de los nueve miembros del Consejo Fiscal propuestos por las asociaciones. Se abstuvieron el teniente fiscal José María Luzón y el inspector jefe, Juan José Martínez Zato, porque ambos actuaron en las actuaciones disciplinarias contra García Ancos. Cardenal elevará en los próximos días al Gobierno la propuesta de remoción.
García Ancos fue relevado del juicio del caso Nevenka tras el interrogatorio a la concejal a la que dijo que no era como 'una empleada de Hipercor, a la que se toca el culo y se tiene que aguantar, para llevar el pan a sus hijos'. García Ancos declaró a Efe que tiene la intención de solicitar plaza en el Tribunal Supremo en cuanto exista una vacante, ya que en el alto tribunal éstas se cubre por 'pura y dura antigüedad' y él lleva '22 años como fiscal jefe'.
Respecto de la reforma del Estatuto fiscal, los consejeros se mostraron unánimemente a favor de que los nombramientos y futuras renovaciones de fiscales jefes con cinco años en el cargo se aprueben con un tercio de votos favorables de los consejeros.
La mayoría de vocales del Consejo se mostraron a favor de que todo candidato a ascender a la categoría de fiscal de Sala cuente con mayoría de votos del Consejo Fiscal. Cardenal hizo constar su oposición a esta propuesta, que le impediría nombrar fiscales de Sala discrecionalmente, como hizo en el caso del fiscal de la Audiencia Nacional Eduardo Fungairiño. Algunos vocales recordaron que un acuerdo del pleno del Congreso de mayo de 1997 fijaba un estatuto para el fiscal del Estado.
