El consejero Antoni Subirà, víctima de fraude con un contrato telefónico
Industria investiga a todos los operadores de telecomunicaciones ante posibles abusos
El consejero de Industria, Antoni Subirà, que ha ordenado investigar los contratos y las facturas telefónicas de todos los operadores activos en Cataluña, es uno de los ciudadanos que han sido víctima de prácticas fraudulentas por parte de las empresas que ofrecen servicios de telecomunicaciones, según fuentes del sector. Medios próximos a Subirà eludieron pronunciarse sobre el asunto.
Las fuentes consultadas explican que el alto cargo catalán fue objeto de 'un contrato fraudulento' por parte de Uni2, filial española de France Telecom. Es decir, que algún vendedor al servicio de esta compañía habría falseado un contrato en el que aparece Subirà como abonado sin el consentimiento del afectado.
Pese al silencio oficial, fuentes de Uni2 admitieron la existencia de 'un contrato fraudulento', pero desmintieron categóricamente 'cualquier tipo de sospecha de que jamás se haya facturado dos veces a un alto cargo o a otros ciudadanos'. La compañía explicó que, al igual que otros operadores, debe lidiar con casos aislados en su red de vendedores, que se llevan una comisión en función de los nuevos abonados que consigan captar. Preguntado al respecto, un portavoz de Uni2 se limitó a subrayar que el fraude incontrolado en la empresa es 'mínimo', ya que afecta a poco más de 100 casos de 60.000 contratos. La empresa está 'verificando uno por uno los nuevos clientes' que captan los comerciales a su servicio.
La Dirección General de Consumo, dependiente del departamento de Subirà, abrió 'de oficio' el pasado mes de septiembre una investigación que afecta a todos los operadores, de telefonía móvil y fija, activos en Cataluña, en busca de 'posibles irregularidades' en los contratos (véase EL PAÍS del 8 de octubre).
El incidente se produce en un momento delicado para las relaciones entre Uni2 y la Generalitat. Ambos son socios en el operador catalán al-pi y mantienen un tira y afloja sobre la orientación futura y los posibles cambios accionariales de la empresa, surgida de la mayor privatización realizada por la Administración catalana.
