Querella contra el portavoz socialista en Estepona que denunció soborno
El equipo de gobierno de Estepona, formado por el PP y ex concejales del GIL, presentó ayer ante el Juzgado de guardia de la localidad una querella por calumnias e injurias contra el portavoz del PSOE y anterior alcalde, Antonio Barrientos. La alcaldesa del municipio, Rosa Díaz, exigió al concejal socialista que 'demuestre' y 'diga quién está detrás' del presunto intento de soborno del que asegura haber sido objeto para que retirase un recurso contra una licencia de obras concedida al ex primer teniente de alcalde de Marbella Pedro Román.
La fiscalía de Málaga ha abieto una investigación de oficio para aclarar el supuesto soborno, que Barrientos denunció la noche del pasado lunes en la comisaría de Policía de Estepona.
Díaz calificó de 'muy graves' e 'infundadas' las acusaciones de Barrientos, quien sostiene que dos personas próximas bien al entorno de Román o bien de los concejales del equipo de gobierno le ofrecieron la semana pasada 1,8 millones de euros para que no paralizara la licencia del antiguo hombre de confianza de Jesús Gil. 'Cuando se habla hay que hacerlo aportando pruebas', dijo Díaz. 'Acusar de soborno no es acusar de cualquier cosa. Si a mi me intentaran sobornar yo en ese momento estaba llamando a la policía y al juzgado, y diciendo si eran rubios, morenos, altos, si tenían bigote, que coche llevaban y que matrícula tenían', insistió la mandataria esteponera, que criticó que Barrientos diera a conocer el supuesto soborno a la prensa antes de denunciarlo en comisaría.
En cualquier caso, la alcaldesa anunció que el equipo de gobierno se personará como acusación particular en las diligencias informativas abiertas por la Fiscalía de Málaga para esclarecer los hechos.
Licencia suspendida
Según la alcaldesa 'el gobierno local actual se ha visto perjudicado por una actuación de la corporación socialista de 1992', año en el que se aprobó la primera licencia en los terrenos del antiguo hotel Seghers que autorizaba la construcción de 135 viviendas. Sostiene la concejal del PP que el PSOE dio a la parcela una edificabilidad superior a la que aparecía en los documentos preparatorios del Plan General de Ordenación Urbana que entonces estaba en fase de redacción.
Sin embargo, en marzo de 2001 el gobierno cuatripartito -PSOE, PP, IU y PA- dio por caducada la licencia al no haberse iniciado las obras. El PP aprobó en mayo de este año, con el apoyo de los ex ediles del GIL, reactivar la licencia, una medida que fue recurrida por el portavoz socialista. Finalmente, el equipo de gobierno decidíó la pasada semana anular la licencia de Román, pocos días antes de que Barrientos denunciase el supuesto soborno.
El concejal socialista ha explicado que no puso la denuncia inmediatamente para evitar judicializar la actividad política municipal.
