El fiscal valenciano atribuye el aumento delictivo a la droga y a los inmigrantes
La comunidad valenciana ha sido con mucho la autonomía donde los delitos han aumentado más. Las causas penales abiertas en la región en 2001 fueron 755.339, lo que representa un aumento del 65,28% con respecto al año anterior. Por provincias, las causas se han duplicado en la de Valencia -aunque la memoria habla de posibles fallos en el sistema informático- con 482.997 asuntos. En Alicante, el incremento respecto al 2000 es del 25% y del 12% en Castellón.
El informe sobre la evolución de la delincuencia en la comunidad incluido en la memoria del Fiscal General y realizado por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, cuyo jefe es Enrique Beltrán, parece ignorar este hecho. El estudio, realizado sólo con datos de la provincia de Valencia, resalta el descenso de los homicidios y agresiones, reconoce un aumento de los delitos contra el patrimonio -los que más repercusión tienen- de sólo un 29%, y argumenta que el tráfico y consumo de drogas en la provincia 'no ha experimentado un cambio significativo con respecto a los parámetros de los años anteriores'.
En el informe se hace un 'estudio sociológico de la personalidad de los autores de las distintas clases de infracciones'. La conclusión de ese análisis es culpar a los toxicómanos, a las personas de 'bajo nivel educativo', a las que proceden de 'familias marginales de barrios periféricos de la capital' y a los inmigrantes de la comisión de gran parte de los delitos.
La fiscalía opina que es la precariedad laboral de los inmigrantes irregulares la que hace que vean 'como única salida la comisión de hechos delictivos, logrando con ellos su subsistencia hasta lograr un nuevo empleo' y haciendo que las mujeres acaben dedicándose a la prostitución.
El estudio resalta la duplicación de las detenciones de extranjeros que se produjo en 2000 respecto a 1999 y el incremento de más del 60% en 2001. Y lo achaca a la reforma de la Ley de Extranjería, 'que facilitó la detención de este tipo de población en situación irregular'.
El texto critica a la Administración porque los retrasos en la regularización de este colectivo 'incide negativamente en su contratación por los empresarios', pero opina que el último proceso extraordinario de regularización por arraigo, que terminó el 30 de julio de 2001, supuso un 'efecto llamada'.
