Este verano sangriento
Los accidentes mortales han sido la pesadilla de los meses de julio y agosto. Aparentemente se tenía la impresión de que se sufría una maldición bíblica, sembrando dolor y luto en no pocas familias. Pero nada más contrario a causas sobrenaturales; tan sangriento azote es el resultado de una serie de causas que el empresariado y los poderes públicos no quieren ver de ninguna manera; pero las medidas de siempre se han caracterizado por ser disposiciones burocráticas que, como es natural, todavía no han dado resultado alguno. Con los datos en la mano, se puede afirmar que, desgraciadamente, la lucha contra la siniestralidad laboral ha fracasado estrepitosamente. A nuestro entender, las causas primeras que originan tanta mortandad y unos exorbitantes gastos financieros en los sistemas públicos de protección social, están en: a) partes del articulado del Estatuto de los Trabajadores que conceden al dador de trabajo toda la potestad para determinar los sistemas de organización de este trabajo; b) los elevados niveles de precarización de la mano de obra, y c) la interminable cadena de subcontrataciones que hace invisible la determinación de la responsabilidad de las cosas. A continuación vendría toda una serie de consideraciones, también de envergadura: la inoperancia de los poderes públicos para dotar de instrumentos eficaces a las políticas preventivas, hoy prácticamente inexistentes, y la tacañería en dotaciones financieras (así de los empresarios como de las administraciones públicas), que siguen pensando en términos de gasto convencional.
Hay que entrar a fondo en lo que denominamos las causas primeras. De ahí que venga a cuento la siguiente reflexión: la flexibilidad no es algo aislado, sino un método permanente y de largo recorrido. Es una flexibilidad que está exclusivamente en manos del dador de trabajo sin ningún tipo de controles; no existe vínculo alguno entre flexibilidad y seguridad. Por ello proponemos que el legislador, de manera pactada con los agentes sociales y los empresarios, elabore una ley de flexibilidad. Intuimos que a más de uno se le pondrán los pelos de punta, pero estamos decididos a dejarnos la piel en su argumentación. Esta ley de flexibilidad, junto a las reformas legislativas del Estatuto de los Trabajadores y otras que se desprenden de lo dicho anteriormente, supondrían un itinerario nuevo. Desde luego, son imprescindibles los comportamientos de los agentes sociales y el empresariado a la hora de establecer una contractualidad nueva que tome la salud como el centro de las condiciones de trabajo. Más todavía, ¿por qué no un pacto social entre administraciones, sindicatos y empresarios sobre salud y seguridad en el centro de trabajo?
Realmente, lo que estamos planteando se nos antoja un giro copernicano que deje atrás las políticas que no sólo no han avanzado en defensa de la salud en el centro de trabajo, sino que están dejando las cosas como siempre. Por ejemplo, dejar las cosas como siempre es entender que la salud en el centro de trabajo es algo marginal, que no forma parte de la salud pública. La misma expresión 'salud laboral' está siendo interpretada como algo que está fuera de la city. Nosotros, por el contrario, pensamos que mientras no se conciba como un problema de salud pública las cosas seguirán como hasta ahora. Porque lo que está fuera de toda duda es que el asunto sólo estremece cuando aparece la tragedia, después viene aquello de a otra cosa, mariposa. Así pues, se requieren reformas estructurales, el resto es pura cháchara como aparentando que se está en el ajo.
José Luis López Bulla es diputado en el Parlament por ICV. Carles Navales está afiliado al PSC y es director de La Factoría, revista de pensamiento político.
