El juez da el visto bueno al internamiento de 210 de los inmigrantes detenidos en la Pablo Olavide
Interior decidió no poner a disposición judicial a 65 extranjeros, que quedaron libres
Los dos jueces de Dos Hermanas encargados de ver la situación de los 275 detenidos en el encierro de inmigrantes de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla dieron en la tarde de ayer por finalizado su trabajo con el visto bueno al ingreso en un centro de internamiento de 210 de estos extranjeros, según fuentes de la Fiscalía y de la policía de Sevilla. Los otros 65 inmigrantes abandonaron los calabozos entre la madrugada y la mañana de ayer. Según fuentes judiciales, alrededor de una treintena tiene posibilidades de regularizarse, mientras que, en el resto, los expedientes policiales estaban incompletos.
Los motivos por los que 65 de estos inmigrantes no han pasado a disposición judicial han sido variados. A parte de los cerca de 30 que podrían tener cerca el permiso de residencia, alrededor de una docena, según fuentes policiales, ha recibido un plazo de 15 días para abandonar España tras notificárseles el rechazo a peticiones de regularización presentadas con anterioridad al encierro en otras provincias. Sin embargo, esas mismas fuentes sostienen que ha habido problemas para identificar a algunos de ellos, así como otros detalles de trámite agravados por la ingente cantidad de trabajo por los casos acumulados y el personal con el que se contaba. Así, Interior ha decidido dejarlos libres con un proceso administrativo sobre el que no tiene que rendir cuentas al juez. Así, algunos inmigrantes están libres a pesar de estar en las misma situación legal que los que ingresaran en centros.
No obstante, en todos los casos se les ha incoado expediente de expulsión, por lo que disponen de 48 horas para presentar sus correspondientes alegaciones, en cuya redacción trabajaban a toda prisa al cierre de esta edición el equipo de abogados de oficio.
Y es que este caso, debido a la gran cantidad de personas afectadas, se ha visto muy condicionado por los plazos legales. Así, desde que en la mañana del pasada jueves ingresaran los 275 inmigrantes en las instalaciones, el trabajo policial y judicial ha sido frenético. La falta de previsión o el error a la hora de calcular el número de inmigrantes que había en el campus universitario el día de la intervención policial motivó que 80 de los expedientes de expulsión se presentaran ante el juez a primeras horas de la madrugada del domingo, cuando los jueces y secretarios, trasladados transitoriamente a las dependencias policiales, se habían ido a dormir.
Registro de madrugada
Los expedientes quedaron registrados, se apuraron los trámites legales para cumplir el límite de 72 horas de detención manteniendo abierto el juzgado toda la noche. Sin embargo, los 80 inmigrantes citados no quedaron en libertad, ya que los jueces no empezaron a ver sus casos hasta la mañana. Posteriormente, fueron trasladados en furgones hasta el centro de inmigrantes de Ceuta. Éste no es un lugar previsto para el internamiento de extranjeros, pero un rápido acuerdo entre los ministerios de Trabajo e Interior ha conseguido que se convierta en tal durante algunos días. En el centro ceutí se internará a 130 inmigrantes, el resto, hasta 210, irán a Madrid, Málaga y Murcia.
