La alcaldesa de Chinchón anuncia que recurrirá contra su inhabilitación

Ana María Magallares, alcaldesa de Chinchón, del PP, inhabilitada ocho años para ejercer cargo público por el Tribunal Supremo por un delito de prevaricación, anunció ayer que va a presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Fuentes de la Ejecutiva regional del PP señalaron a EL PAÍS que presionarán a Magallares para que dimita 'de forma digna'. La regidora fue condenada por no convocar una comisión reclamada por el pleno.

La alcaldesa propuso ayer a la dirección de su partido, como fórmula para continuar en el cargo, recurrir el fallo y pedir la suspensión de la ejecución de la sentencia hasta que el Constitucional se pronuncie. Magallares se reunió en la sede del PP, en la calle de Génova, con Pío García Escudero, presidente del partido en Madrid, y Ricardo Romero de Tejada, secretario regional. La alcaldesa aseguró: 'Como he puesto mi cargo a disposición de la Ejecutiva, me marcharé si me lo pide. Pero esta sentencia me parece desmesurada y la recurriré'.

Fuentes de la Ejecutiva coincidieron con Magallares en calificar de 'desproporcionado' el fallo, pero reconocieron que el recurso al Constitucional sólo serviría para 'ganar un tiempo innecesario y para causar graves problemas al partido en Chinchón'. 'Los planteamientos de esta sentencia, que acatamos, ponen a muchos alcaldes al borde del precipicio, porque crean un serio precedente en el que una simple falta de entrega de documentación a los grupos políticos puede considerarse prevaricación', advirtieron estas fuentes.

El PP se enfrenta ahora a un grave problema, ya que los cinco ediles del equipo de gobierno de Magallares han amenazado con seguir a la sentenciada y abandonar en bloque sus cargos. Esto, de producirse, obligaría a una reestructuración total del grupo municipal y a convocar un pleno de investidura. Fuentes del partido esperan que en el proceso impere la cordura y que los fieles a Magallares reconsideren su amenaza.

Los hechos sentenciados por el Supremo se remontan al anterior mandato en el que Magallares fue alcaldesa, entre 1997 y 1999, en sustitución del anterior regidor, Jesús Hernández, también del PP, que dimitió por motivos personales. En marzo de 1998, tres de los seis ediles del PP se pasaron al Grupo Mixto y apoyaron una iniciativa del PSOE para revisar las cuentas municipales de 1996 y 1997. La alcaldesa nunca constituyó la comisión de investigación. Dio dos motivos: que había estado de baja varios días por una fractura en un dedo y que la dimisión de tres ediles de su grupo había dejado al Consistorio en una situación de 'ingobernabilidad', que desaconsejaba abrir el proceso.

El precedente de Galapagar

El caso de Magallares no es el único en el PP de Madrid. Eugenio de Pablo, alcalde de Galapagar entre 1995 y 1999 y edil del PP en la oposición desde entonces, fue condenado en 2001 a ocho años de inhabilitación por conceder dos licencias urbanísticas que vulneraban las ordenanzas. El PP le ordenó abandonar su cargo. Pero él se negó y su caso está aún en la Comisión de Garantías del partido, que debe resolverlo antes de septiembre.