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Los ayuntamientos reclaman medios para asumir las competencias sobre la venta de alcohol

Sólo el alcalde de Huelva rechaza las normas de control y sanción previstas en la ley

La Junta aprobó el martes el decreto que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas desde las diez de la noche hasta las ocho de la mañana en establecimientos que no se dediquen a la hostelería o restauración. La norma, que persigue reducir la oferta de alcohol a los jóvenes, otorga competencias a los ayuntamientos para iniciar, instruir y resolver procedimientos sancionadores por las infracciones leves y graves. Casi todos los ayuntamientos de capitales andaluzas han celebrado el decreto. La mayoría estudia ahora su desarrollo y pide medios para aplicarlo. Almería es la única ciudad que ha aplazado su consideración y sólo el alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, criticó abiertamente la norma.

- Almería. El gobierno del Ayuntamiento de Almería (PSOE-IU) no ha querido avanzar su postura en torno a la norma. Primero quieren leerse el decreto 'con detenimiento' y saber si cuentan con medios para asumir responsabilidades. El próximo lunes se reúne la comisión de Gobierno y las distintas áreas podrán debatir entorno al asunto.

- Cádiz. El delegado de Hacienda del Ayuntamiento gaditano, José Blas Fernández, del PP, afirmó ayer que el Consistorio gaditano solicitará a la Junta las competencias siempre y cuando el Gobierno andaluz aporte los medios. Blas Fernández defendió que los ayuntamientos son las administraciones 'más recomendables' para tener estas competencias por ser las más cercanas al ciudadano. 'Se trata de medidas positivas, sobre todo para los menores. Es necesario cortar estos hábitos por el daño físico que se están haciendo lo jóvenes', sostuvo.

- Córdoba. El Ayuntamiento solicitará las competencias que le corresponden, y que, según explicó Andrés Ocaña, concejal de Presidencia, se limitan al marco sancionador. Ocaña señaló ayer que el gobierno municipal ya elabora unas ordenanzas que desarrollarán la regulación de los horarios de apertura de los establecimientos nocturnos y del consumo de alcohol en lugares públicos, partiendo de que lo establecido por la Junta es de obligado cumplimiento.

- Granada. El alcalde de Granada y presidente de la Federación Andaluza de Municipios y provincias (FAMP), José Moratalla, respaldó ayer el decreto aunque reclamó ayudas suficientes para que los municipios puedan aplicarlo convenientemente. Moratalla dijo que si la financiación se limita a lo recaudado con las sanciones el presupuesto quedaría 'muy cortito'. No obstante, el presidente de la FAMP señaló que estudiará la norma y que su intención es aplicarla cuanto antes.

- Huelva. El alcalde onubense, Pedro Rodríguez (PP), dijo ayer que el decreto de la Junta 'no resuelve en absoluto el problema de la movida'. Pedro Rodríguez indicó que, de momento, desconoce el decreto, pero indicó: 'La Junta trata de traspasar a los ayuntamientos la patata caliente de ser los represores', afirmó Pedro Rodríguez.

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- Jaén. El gobierno municipal, del PP, mostró su satisfacción por el decreto, aunque lamentó que haya sido 'la presión social y la iniciativa del Gobierno de la nación' las que la han forzado a tomar esta iniciativa, dijo Inmaculada Solar, concejal de Juventud. El Ayuntamiento jiennense ha mostrado su disposición a asumir las competencias que el decreto confiere a la Administración local, aunque se estudiará 'de forma minuciosa'.

- Málaga. El concejal delegado de Comercio del Ayuntamiento de Málaga, José Luis Ramos (PP), celebró el decreto de la Junta y sólo puntualizó que 'se ha perdido mucho tiempo'. Ramos también reclamó recursos para los municipios: 'Ocurre como en el caso de los espectáculos, que se nos dan responsabilidades, pero no mayores dotaciones económicas'. El concejal de Juventud, Javier Berlanga (PP), también pidió 'medidas preventivas además de las restrictivas'.

- Sevilla. El Ayuntamiento cuenta con medios para controlar la venta de alcohol, según la portavoz del grupo municipal socialista, Evangelina Naranjo. Esa competencia era una de las reclamaciones del Consistorio a la Junta tras la reforma de la Ley de Drogodependencias, explicó Naranjo.

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