El fiscal pide 41 años para los acusados de una tala masiva en el parque de Baza

La Fiscalía ha pedido 13 años de cárcel para dos propietarios de una tienda de muebles y para el director del parque natural de Baza (Granada) por participar supuestamente en la tala de 13.000 árboles y vender la madera. La Fiscalía pide otros 14 meses para el ex delegado de Medio Ambiente Rafael Salcedo, por 'amparar' el atentado. También ha sido acusado Alejandro González, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

El corte de madera se produjo varios meses después de que el director del parque José María Irurita Fernández,, a petición de José Antonio Senes Torres y de su padre José Antonio Senes Pérez (propietarios de una empresa de muebles de Baza) autorizara sin ninguna precaución la retirada gratuita de la 'madera muerta o deteriorada' que encontraran en el espacio protegido. Los tres fueron más allá de la retirada de la leña desperdigada.

Entre los meses de mayo a noviembre de 1998, y en 'presencia física del director del parque', fueron talados al menos 12.934 árboles a lo largo de las riberas de los arroyos Bodurria y Uclias, la mayoría álamos y chopos castellanos, y en menor medida sauces y olmos. Los cálculos del fiscal echa por tierra la disculpa de que eran elementos enfermos. En las conclusiones provisionales el ministerio público dice que al menos un 56% estaban sanos, aunque en algunas zonas la proporción se elevaba al 88%.

El fiscal precisa que el atentado natural se produjo con la 'pasividad y aquiescencia omisiva' de Rafael Salcedo, entonces delegado de la Consejería de Medio Ambiente. Salcedo fue advertido por escrito de lo que estaba ocurriendo en enero, febrero y marzo de 1999 por la Asociación Proyecto Sierra de Baza, que ejercita la acusación.

La madera procedente de la tala fue intervenida por orden de un juzgado de Baza pero los empresarios, de nuevo 'en connivencia' con el director del parque y 'con desprecio absoluto al mandato judicial y con el mismo ánimo de lucro', sacaron la madera intervenida y la vendieron en septiembre a una serrería.

La Guardia Civil ha valorado la madera extraída en 168.283 euros (28 millones de pesetas) y los perjuicios ambientales en 126.991 euros (21 millones de pesetas).

Pero el daño causado al medio ambiente aún no había culminado. El relato del fiscal sostiene que los empresarios y el director del parque, con el propósito de abaratar costes, arrojaron los restos de la tala a los cauces de los arroyos contiguos 'con una clara vulneración' de la ley. Este procedimiento provocó la modificación por la fuerza de los arroyos, la salida del agua fuera de los cauces naturales, el estancamiento de las aguas y 'el aumento de los nitratos por la descomposición progresiva de la materia orgánica'.

Estado de los arroyos

Por su lado, Alejandro González Monclús, jefe de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, cuando fue puesto sobre aviso del estado de los arroyos, 'omitió imprudentemente cualquier actuación'.

Es más, en abril de 1999 explicó al juzgado de Baza que investigaba lo acontecido que 'no se apreciaban daños en el dominio público hidráulico', según precisa el escrito del fiscal. No obstante, pasado un tiempo, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sí intervino y limpió los arroyos de la materia orgánica.

El director del parque está acusado de los delitos de prevaricación, dos delitos ecológicos, otros continuado de malversación y de desobediencia. La pena es de 13 años de cárcel y 27 de inhabilitación. Los empresarios están acusados de delitos ecológicos y continuado de malversación, La pena es de 13 años y ocho meses de cárcel y 15 de inhabilitación. A Rafael Salcedo se le imputa un delito ecológico con una condena de 14 meses de cárcel. Al representante de la CHG se le acusa de otro delito ecológico con la atenuante de reparación del mal causado, que lleva aparejado dos meses de cárcel.