Toda la oposición teme que el Gobierno quiera depurar a los fiscales disidentes con su reforma

Toda la oposición teme que la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que planea el Gobierno sólo pretenda 'un tiro al blanco contra los fiscales disidentes'. Tras leer el guión de la reforma que el ministro de Justicia, Ángel Acebes, les entregó el jueves en la reunión de seguimiento del Pacto de Estado por la Justicia, toda la oposición criticó que se refuerce el poder político del fiscal general del Estado, en vez de aplicarle también a él la limitación de mandato y definir las causas para su cese. El PP mantiene que sólo es un guión abierto a las sugerencias de todos.

El PSOE, Izquierda Unida, Convèrgencia i Unió y PNV aseguraron ayer que las cuatro páginas del guión que les entregó el ministro Ángel Acebes no recogen todos los elementos de reforma fijados en el punto nueve del Pacto de Estado por la Justicia y, a cambio, introduce otros que les resultan preocupantes. Entre estos últimos destacan dos: que se conceda al fiscal general del Estado la capacidad de nombrar al jefe de la Inspección, cargo que ahora ostenta Juan José Martínez Zato. Y que 'no se insinúe siquiera alguna garantía' para que el límite de cinco años 'renovables sin límites' que el Gobierno quiere imponer al mandato de los fiscales jefes, incluidos los fiscales de Sala, no se convierta en un 'cheque en blanco' para 'eliminar a los profesionales más incómodos para el Gobierno', como Carlos Jiménez Villarejo, Juan José Martínez Zato, Mariano Fernández Bermejo o José María Mena.

Toda la oposición, además, recuerda que el 27 de mayo de 1997, el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una moción en la que reclamaba al Gobierno fijar un límite temporal para el mandato del fiscal general del Estado, 'dentro del cual sólo podría ser cesado por causas objetivas'. El detalle de las 'causas objetivas' por las que el fiscal del Estado puede ser destituido es una reclamación de las dos asociaciones de fiscales que fue respaldada por toda la Cámara, incluido el PP, en aquella moción.

El portavoz de Justicia del Partido Popular, Andrés Ollero, advierte de que el borrador del Gobierno 'no tiene pretensión de desarrollo exhaustivo' y que 'está abierto a las aportaciones de todos en el marco del Pacto de Estado por la Justicia'. En todo caso, Ollero defendió que el jefe de la Inspección debe ser nombrado por el fiscal general, 'por el principio jerárquico' con el que se rige el Ministerio Público, y no vio justificado limitar el mandato del fiscal del Estado 'porque lo nombra cada Gobierno. En el ministerio admiten que 'no está previsto tasar el mandato temporal' del fiscal del Estado y adelantan su voluntad de remitir a los partidos un 'borrador de texto articulado' antes del verano.

El PSOE, según sus dos representantes en la comisión de seguimiento del Pacto, los diputados Juan Fernando López Aguilar y Javier Barrero, tiene previsto elaborar un texto alternativo al del Gobierno 'con una reforma en profundidad' en la que, 'en ningún caso', el jefe de la Inspección 'será un cargo de confianza' del fiscal del Estado y los límites temporales 'pretenderán evitar cargos vitalicios pero con garantías' y no como 'sistema de purga selectiva'. 'No vamos a consentir que el límite de los cinco años se convierta en un tiro al blanco selectivo contra los fiscales incómodos al Gobierno', asegura López Aguilar que le dijo al ministro Acebes. Los socialistas defienden dar 'más autonomía' al fiscal del Estado respecto del Gobierno y someterle al 'filtro' de que informe al Parlamento. También pretenden que la reforma contemple 'un nuevo proceso penal' en el que el fiscal instruya los casos.

Manel Silva, portavoz de Justicia de CiU, reclama 'garantías' para los fiscales que sean destituidos, así como 'buscarles algún acomodo'. Recuerda que las asociaciones de fiscales se oponen a que el fiscal del Estado nombre al jefe de la Inspección y respalda la creación de delegados de jefatura para las grandes fiscalías como Madrid o Barcelona y que se reduzcan los plazos para acceder a la categoría de fiscal de Sala.

La portavoz de Justicia del PNV, Margarita Uría, recuerda el 'respaldo unánime' del Parlamento a la moción que reclamaba regular y limitar el mandato del fiscal del Estado y advierte de que aunque el cargo de fiscal jefe 'no debe de ser vitalicio' el límite de cinco años puede suprimir a fiscales que 'hagan bien su trabajo por no ser cómodos al Gobierno'.

En Izquierda Unida subrayan que el guión que les entregó el Gobierno no aborda la cuestión clave: 'Cómo evitar que el fiscal del Estado deje de ser, como hasta ahora, el abogado defensor de las causas penales del Gobierno'.