¿Para qué valen realmente las reválidas?
Torpes hemos debido de ser para no habernos dado cuenta de que resucitando las reválidas se mejoraba la calidad de la educación; virtualidad que, si la tienen, habría que demostrar. Ninguna investigación conocida avala tal supuesto; ninguna comparación transnacional entre diferentes in-dicadores de calidad y la realización o no de ese tipo de pruebas sostiene tal argumento.
La Ley General de Educación (1970) las abolió y no conocemos a nadie que haya argumentado que al suprimirlas se deteriorara la calidad del sistema educativo. Más bien al contrario, democratizó la enseñanza y mejoró el nivel del país. Como se argumentó entonces en el Libro Blanco, sólo servían para estrangular el acceso a la educación. Un 50% suspendía la reválida de bachillerato elemental, y un 43%, la del superior.
Las reválidas son exámenes externos finales que vuelven a validar, como su nombre indica, las calificaciones dadas por los profesores. Se viene a sugerir que éstas son injustas y 'generosas'.
No garantizan la igualdad entre alumnos de diferentes centros y territo-rios, dado que al ser pruebas terminales sancionan resultados, pero no corrigen las desigualdades ya padecidas. Para homologar el sistema disponemos de una regulación exhaustiva de los mínimos curriculares, un control de los libros de texto y sobre la formación de profesores, una inspección técnica y otra del Estado sobre las comunidades autónomas. Si con estos recursos no se equipara la oferta de enseñanza, ¿por qué iban a hacerlo las reválidas? Con su aplicación sólo podremos saber que unos centros tienen más aprobados que otros. El problema no es que los centros privados regalen las notas, sino el de si se desvía hacia ellos a mejores alumnos que obtienen resultados más altos.
Lo que sí provocan con seguridad es:
a) La homogeneización de algunos contenidos fundamentales. Hay que reclamar mayor atención hacia lo fundamental, pero ¿qué es hoy lo básico en lo que esforzarse? ¿Es lo que pueden exigir las reválidas? Creemos que difícilmente; pero, en cambio, sí elevan a relevante al contenido que unas pruebas masivas pueden detectar.
b) El filtrado de estudiantes. Quitando de en medio a los peores mejora el nivel de los que quedan, pero no por eso mejoramos la calidad de la educa-ción de todos. Los desalojados -no lo olvidemos- tienen nombres y perte-nencias sociales muy concretas, pero nuestro sistema educativo parece como si tuviera en su tramo intermedio el prurito de la excelencia que, paradójicamente, no vigila tanto en la universidad.
c) Provocan la aparición de un sector incontrolado de ofertas privadas de dudosa calidad para atender a los reprobados que quieran volver a presentarse. Menos gasto público e incremento del privado (para quienes puedan soportarlo).
En el mejor de los casos, harán de termómetro para visualizar la fiebre, pero ésta no desciende por mucho que se lo apliquemos al enfermo.
Estamos ante una manera injusta de auditar la calidad del sistema, olvidando -no por casualidad- factores como los medios, los profesores, el funcionamiento de los centros, las condiciones de la práctica, etcétera. Se reaviva el reflejo conservador que anhela volver a un tiempo idílico que nunca existió, haciendo creer que el sistema es blando con los alumnos, que se han relajado las exigencias y degradado los contenidos. Se supone que, revalidando, los profesores serán más exigentes, mejorará la colaboración de los condescendientes padres y aumentará el esfuerzo de los alumnos. Estamos ante una política que ve en la selección del alumnado y no en la compensación de los débiles las soluciones al deterioro de todo el sistema educativo.
Las medidas restrictivas no tienen sentido si la población tiende a decrecer y cuando se precisa una educación permanente, aunque algunos pidan 'limpieza'. Lo que se requiere es abrir el sistema, permitir que los alumnos de cualquier edad puedan, 'a ratos y a trozos', adquirir más educación y, sobre todo, mejorar a los 'débiles'. El filtrado es conveniente a la entrada a los ciclos que han de ser selectivos; para los que son la base de la educación general de la población, conviene apertura, flexibilidad y ayudas compensatorias.
José Gimeno Sacristán es catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Valencia.
