El juez Navarro Estevan, multado por llamar 'terrorista' a Aznar
El Poder Judicial le impone tres sanciones por un total de 3.900 euros
La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) impuso ayer dos multas de 300.000 pesetas cada una y una de 50.000 (en total 3.906 euros) al juez Joaquín Navarro Estevan por acusar al presidente del Gobierno, José María Aznar, de hacer declaraciones 'propias de un terrorista', censurar actuaciones del ex ministro del Interior Jaime Mayor y por desconsideración con el juez Baltasar Garzón.
El juez Navarro Estevan calificó de 'reacción inquisitorial' las multas impuestas, que totalizan 3.906 euros (650.000 pesetas) y dijo a la agencia Servimedia que las sanciones que deberá pagar son 'un escandaloso atentado' a su libertad de expresión.
Las dos primeras sanciones se corresponden a sendas faltas graves por dirigir a los poderes y autoridades oficiales censuras por sus actos sirviéndose de su condición de juez, en declaraciones suyas al diario Gara el 23 de noviembre de 2000.
En concreto, Navarro censuró la manifestación de Aznar de que 'un terrorista es siempre un terrorista, aunque sea un menor', replicando que 'esa afirmación es propia de un terrorista, y además es convertir al Estado en terrorista'.
La segunda sanción se corresponde con la censura al entonces ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, de actuar en connivencia con el juez Baltasar Garzón en las actuaciones contra el entorno de ETA.
El Consejo también ha estimado que el juez Navarro cometió una falta leve de desconsideración con su compañero el juez Baltasar Garzón, de quien dijo que 'es un juez que se lo inventa casi todo', en referencia a sus investigaciones sobre el entorno de la banda terrorista ETA. Por esta falta se le sanciona con 50.000 pesetas.
El juez Navarro Estevan, que preside la Sección 10 de la Audiencia de Madrid, acumula en los últimos años multas del Consejo General del Poder Judicial por un importe global superior a 9.015 euros (millón y medio de pesetas), por sus descalificaciones a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, al juez Baltasar Garzón o el Gobierno, vertidas en diferentes artículos periodísticos. Sus últimas sanciones, de diciembre de 2001 y por un total de 680.000 pesetas (unos 4.000 euros), se referían entre otras publicaciones a un artículo del juez incluido en la revista Ardi Beltza (Oveja Negra), dirigida por el periodista Pepe Rei.
Por otra parte, la Comisión Disciplinaria acordó abrir unas diligencias informativas para esclarecer la puesta en libertad de un presunto narcotraficante de hachís por la juez de Barbate (Cádiz), Estrella Cañavate, supuestamente originada por la incomparecencia de un representante del ministerio fiscal.
El Consejo quiere conocer una versión preliminar de unos hechos, que, según dijeron a este periódico fuentes de la Fiscalía del Estado, se justifican en que ningún fiscal se desplazó desde Cádiz a Barbate al comunicar previamente al juzgado que la fiscalía no encontraba suficientes indicios para reclamar la prisión provisional del supuesto narcotraficante. Al no tener que pedir una medida cautelar de prisión, el fiscal asignado al caso no consideró necesario desplazarse a Barbate.
Por su parte, la Comisión Permanente del CGPJ nombró ayer a Félix Alfonso Guevara, Agustín Lobejón y Raimunda de Peñafort Lorente magistrados en comisión de servicio de la Sección Cuarta Penal de la Audiencia Nacional, en sustitución de los magistrados titulares suspendidos de funciones por haber excarcelado al narcotraficante Carlos Ruiz, El Negro.
El Consejo ha elegido a los candidatos con mayor antigüedad. Félix Guevara, que presidirá la Sección Cuarta, presidió el tribunal que absolvió a Lola Flores de delito fiscal; Agustín Lobejón ya ha estado en la Audiencia y fue ponente de la sentencia del caso Amedo.
