Cotizaciones sociales y números rojos
Exultante y sin empacho alguno, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, acaba de presentar la liquidación del Presupuesto del año 2001 como un éxito de la gestión del dinero recaudado en el último ejercicio presupuestario. Para contrarrestar su perenne imagen afligida, Montoro ha sacado pecho para declarar que 'el Estado, por primera vez en la historia de la democracia no tiene números rojos' y que la despedida de la peseta ha venido acompañada por el adiós al déficit público.
Niega la evidencia de que parte del superávit de la Seguridad Social ha servido para enjuagar el déficit del Estado, que trabajadores y empresarios, con sus cuotas sociales, están pagando carreteras y hasta parte de algún capricho de quienes nos gobiernan desde la Generalitat Valenciana y sus tres diputaciones.
Las cifras sirven para desmentir al ministro. Que la Seguridad Social ha cerrado un ejercicio brillante es indudable. Gracias, entre otras cosas, al aumento de las cotizaciones que están aportando los inmigrantes como nuevos cotizantes y que están salvando el sistema.
Pero los casi 5.400 millones de euros (900.000 millones de pesetas) de superávit de la Seguridad Social, equivalentes al 0,8% del PIB, han servido para compensar en gran parte el déficit de 2.827 millones de euros del Estado y otros tantos de las comunidades autónomas y corporaciones locales, destinándose otra a nutrir el fondo de reserva de la Seguridad Social. Se trata, muy a las claras, de una desviación en la utilización de lo recaudado en cuotas procedentes de los bolsillos de trabajadores y empresarios, y de una doble imposición para hacer frente a gastos que sólo deberían financiarse con impuestos. Se trata, además, de una vulneración flagrante de los Pactos de Toledo.
Estos pactos -denominados así por haber sido alcanzados durante la etapa socialista en el Parador de Turismo de dicha ciudad castellana, donde nos reunimos varios diputados, entre ellos Montoro y el actual ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio- incluyeron que 'el sistema de pensiones precisa de la constitución de reservas que atenúen los efectos de los ciclos económicos', por lo que, en su caso, 'los excedentes que pudieran existir en los ejercicios presupuestarios de los momentos de bonanza deberían ser utilizados para constituir, con títulos públicos adquiridos en mercados oficiales, fondos de equilibrio que permitan actuar en los momentos bajos del ciclo, sin acudir a incrementos de las cotizaciones'.
Ciertamente en los últimos ejercicios, años de bonanza, se ha constituido el fondo de reserva, pero sólo con una parte de los excedentes, destinándose la otra a sufragar el déficit del Estado. Según los datos de la Intervención General de la Administración del Estado, la Seguridad Social cerró el ejercicio de 1999 con un superávit de 129.600 millones de pesetas y el de 2000 con 499.500 millones, a los que hay que unir el de 900.000 millones de pesetas de 2001. En total, más de billón y medio de pesetas (refiriéndome a la vieja moneda en que estaban presupuestados los gastos e ingresos de tales años). ¿Dónde van tales excedentes? Tan sólo una parte al fondo de reserva. Absolutamente insuficiente.
Además del incumplimiento de lo pactado en Toledo, con Montoro y Aparicio presentes, la actuación del Gobierno contrasta con la preocupación manifestada por la Comisión Europea por el futuro de las pensiones en España, que ha reprochado al Gobierno español que no haya sido capaz de medir el posible impacto del envejecimiento de la población española sobre el sistema público de pensiones y que no haya destinado todos los excedentes de recaudación a nutrir el fondo de reserva de las mismas.
De las declaraciones de Fernández de Trocóniz, sólo se ha destacado el aspecto hilarante, que le valió su dimisión de la presidencia de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo, proponiendo que las mujeres percibieran pensiones inferiores dada su longevidad. El diputado del PP dijo algo más en su intervención (en un acto organizado por la presidencia española de la UE, que carecía de la orientación humorística que posteriormente quiso atribuir a sus palabras) sugiriendo la conveniencia de introducir un tramo de capitalización en el sistema de pensiones, como remedio a los problemas que podían presentarse en el futuro. Lo que el PP no se atrevió a defender en Toledo y sí, en cambio, lo hizo Unión Valenciana en las propuestas presentadas.
A la preocupación de Trocóniz, se unió la de la directora general de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía, Pilar González de Frutos, quien el pasado 5 de febrero declaró abiertamente que 'si mantenemos el actual nivel de las pensiones públicas, estaremos comprometiendo las pensiones de nuestros hijos y la competitividad de la economía española', lo que le llevó a aconsejar que se redujeran la actual proporción y cuantía de las pensiones en relación con los salarios.
¿A qué juegan? ¿Hay motivos para preocuparnos por el futuro de las pensiones como dan a entender Trocóniz y González Frutos o hay que hacer caso al valenciano Gerardo Camps, secretario de Estado de la Seguridad Social y olvidarnos del fondo de reserva porque todo está controlado? ¿Hay razones para la regañina de la UE?
En 1994, cuando nos encontrábamos en Toledo, una prestigiosa gestora de fondos de pensiones privados (Grupo Barclays) organizó un ciclo de conferencias que editó con el título inquietante: Pensiones y Seguridad Social, ¿Un futuro incierto?
Los conferenciantes preveían problemas a partir de los años en que nos encontramos. Erraron en el cálculo por no prever las aportaciones de los inmigrantes. Acertaron al indicar lo que para mí es todo un elogio a la etapa socialista aunque se presentaba como desacierto: 'El Gobierno (socialista) no ha aprovechado esta etapa de crecimiento... dedicando sus afanes a la ampliación de programas clásicos del Estado de Bienestar, como las pensiones, la sanidad y las prestaciones sociales que registraron tasas de crecimiento del 64% y el 300%, respectivamente'. Busquen, comparen y encuentren la diferencia.
Francisco Arnau es portavoz adjunto del Grupo Socialista del Senado.
