La LOU y el espacio europeo

La nueva ley de universidades no ha sido rechazada por el hecho mismo de suponer un cambio respecto a la situación anterior, sino por la cantidad de incógnitas a las que nos enfrenta como institución y al entorpecimiento que puede provocar de las labores fundamentales de docencia e investigación a las que la institución universitaria se debe.

Recientemente, en un artículo publicado en este mismo periódico, se recogían las palabras del profesor F. Michavila, director de la cátedra Unesco de Gestión y Política Universitaria y ex rector de la Universitat Jaume I, quien, refiriéndose al revuelo social y político generado por la LOU, denunciaba el error cometido por el Gobierno en el intento de superar una Ley de Reforma Universitaria (1983) a todas luces mejorable. En su opinión, a pesar de todo, el actual contexto permitiría a las universidades hacer un ejercicio de reflexión sobre cómo se presentaba el futuro inmediato. Y en ese ejercicio de reflexión se enmarcan las líneas que siguen a continuación, que no pretenden sino plantear alguna de las preocupaciones que muchos universitarios compartimos, poco sospechosas de ser tachadas de cavernismo intelectual o de progresismo trasnochado, porque afectan demasiado directamente a cuestiones mucho más tangibles, tal y como podremos comprobar.

La nueva ley de universidades, en mi opinión, no ha sido rechazada -como algunos han defendido- por el hecho mismo de suponer un cambio respecto a la situación anterior (absurdo argumento éste), sino por la cantidad de incógnitas a las que nos enfrenta como institución y al entorpecimiento que puede provocar de las labores fundamentales de docencia e investigación a las que la institución universitaria se debe.

Permítanme que me centre en una de esas incógnitas a las que hacía referencia antes, quizás la que más repercusión podría tener de cara a nuestro posicionamiento en el contexto europeo: la convergencia del sistema universitario español con el Espacio Europeo de Educación Superior (Declaración de Bolonia, 1999).

Los ministros de Educación firmantes de la citada declaración acordaron crear un espacio único para la educación superior (docencia e investigación) antes de 2010, con el objetivo de fomentar la competitividad internacional y promover el empleo de los estudiantes europeos. Esta creación suponía, a grandes rasgos, desde el punto de vista orgánico, una nueva estructuración del sistema de titulaciones (eliminando las diferencias actuales entre diplomaturas y licenciaturas), la adopción de un sistema de créditos y calificaciones que favoreciese el mutuo reconocimiento entre los países de la Unión y la adopción del Suplemento al Diploma (como anexo a los títulos oficiales que explicitara aspectos de la formación del estudiante hasta ahora obviados, como las prácticas realizadas en empresas o las estancias en el extranjero, entre otros); y desde el punto de vista pedagógico, la difusión de una nueva concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje, en el que el papel de la tutorización, los seminarios, los límites de la presencialidad /virtualidad, o el cambio en la concepción de la evaluación de los aprendizajes jugarían un papel fundamental (como ya lo hacen en alguno de nuestros países vecinos). Junto con esto, la difusión de la cultura de la calidad y la acreditación se impondría como paso imprescindible para conseguir la convergencia.

No hace falta ser muy despierto para darse cuenta de lo lejos que se encuentra la Universidad española, en general, de alcanzar muchos de estos objetivos. Estamos, por tanto, frente a un cambio intenso, profundo, que necesita de todos los esfuerzos tanto de la institución universitaria como de los dirigentes políticos para ser llevado a buen puerto.

Paradójicamente, y a pesar del miedo al cambio del que se nos ha acusado repetidamente, desde el año 2000 han sido las universidades, por medio de las diferentes sectoriales de la Conferencia de Rectores (CRUE), las que han impulsado las iniciativas que, sin prisa pero sin pausa, nos debían llevar a alcanzar el objetivo fijado. Así, han sido una constante las reuniones de comisiones creadas ex professo para tratar asuntos concretos de la armonización; la promoción de proyectos piloto relacionados con alguno de los aspectos de la convergencia arriba citados o la preocupación por el análisis introspectivo del estado de la institución universitaria española, con el fin de calibrar cuánto nos quedaba por hacer.

Y las universidades valencianas no se han quedado a la zaga. De hecho, algunos de esos proyectos se han llevado a cabo en universidades de nuestro entorno inmediato y, por lo que respecta a la Universitat Jaume I de Castellón, se han emprendido diferentes iniciativas en este sentido, como la propuesta de los nuevos planes de estudio en European Credit (Transfer) System, la organización de seminarios y jornadas con expertos para analizar asuntos de armonización o la participación en grupos específicos de la CRUE sobre la convergencia europea y el Suplemento al diploma.APUNTES

Es cierto que la nueva Ley de Universidades previó (in extremis), en el título XIII, los aspectos relativos a la integración de España en el Espacio Europeo de Educación Superior (¡hubiese sido un error de bulto no hacerlo!), y que parece que tímidamente se están emprendiendo iniciativas por parte de la Administración; pero no es menos cierto que, tal y como indica el IVIE, si bien en términos absolutos el gasto en educación superior en España en relación con el PIB se sitúa en la media de los países de la OCDE, el gasto por estudiante en educación superior en nuestro país está muy por debajo de la media europea (este dato se evidencia especialmente en partidas como la movilidad estudiantil o las becas, aspectos éstos irrenunciables en el nuevo modelo); y que, según el INE, la Comunidad Valenciana dedica a investigación y desarrollo un 0,3% menos que la media española.

Si se pretende hacer bien, la convergencia con el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior exigirá que el gasto en Educación Superior aumente. Serán necesarias inversiones para desmasificación de las aulas, reciclaje del profesorado, actualización tecnológica y promoción de la enseñanza virtual o movilidad estudiantil, entre otras muchas cosas. Y aún así, el cambio no estará exento de dificultades, porque se trata, insisto, de un cambio profundo; pero, al menos, se estarán dando las condiciones para que pueda ser asumido por la institución universitaria con garantías de éxito.