El falso debate de la modulación en las ayudas
La legislación de la UE nunca ha atribuido a la modulación un papel de redistribución de rentas, sino de ejecución de políticas de desarrollo rural.
En los últimos tiempos, determinadas organizaciones profesionales agrarias y alguna comunidad autónoma están levantando la bandera de la modulación como si de una panacea se tratara para resolver los problemas de determinados sectores productivos y de los agricultores. El simplista mensaje lanzado pretende confundir a la opinión pública trasladando que ésta consistiría en una modulación al estilo coloquialmente conocido como Robin Hood, en el que se compensaría a los agricultores menos favorecidos por la Política Agrícola Común con la reducción de las ayudas directas de aquellos que reciben más.
Este discurso está totalmente alejado de lo que permite la normativa comunitaria, que establece, desde 1999, la libre facultad de los Estados miembros de decidir la aplicación de una reducción hasta del 20% de las ayudas directas para financiar, exclusivamente, medidas agroambientales, jubilación anticipada, zonas desfavorecidas y zonas con limitaciones medioambientales y repoblación forestal; es decir, está totalmente prohibido otorgar ayudas directas adicionales a determinados agricultores, sea cual sea su renta.
Hay comunidades que tienen dificultades para financiar sus actuales programas
Está totalmente prohibido otorgar ayudas directas adicionales a determinados agricultores
Hasta el momento, sólo dos países se han acogido a esta posibilidad: los Gobiernos francés e inglés. En Francia, el modelo establecido declara exentos a los agricultores que perciben ayudas inferiores a los 30.000 euros, afectando sólo a 60.000 explotaciones con un importe medio de deducción de 2.600 euros por explotación y recaudándose 152 millones de euros por año (aproximadamente el 2% de las ayudas totales recibidas por Francia). En el Reino Unido se ha puesto en marcha una modulación en la que se aplican porcentajes lineales de reducción a todos los perceptores de las ayudas directas que van del 2,5% en el año 2001 al 4,5% en 2006.
En Portugal se aprobó la puesta en marcha de la modulación declarando exentos a los agricultores que perciben menos de 37.450 euros de ayudas directas y aplicando porcentajes progresivos del 7,5% al 20% (este último para perceptores superiores a 149.650 euros). Sin embargo, su entrada en vigor se ha pospuesto hasta el 1 de enero de 2003. En Alemania se aprobó el 14 de diciembre pasado la puesta en marcha de la modulación, aplicando un porcentaje de reducción de ayudas del 2% con una franquicia de 10.000 euros, lo que permitiría obtener recursos por importe de 54 millones de euros, pero las discrepancias entre las Cámaras baja y alta alemanas han impedido hasta la fecha su entrada en vigor.
Como se ve, hasta la fecha sólo dos países, y con enorme prudencia, han puesto en marcha acciones de modulación, y sólo otros dos están estudiando su puesta en marcha en el futuro.
En España la oportunidad o no de su aplicación ha sido estudiada en profundidad. Son varias las razones que dificultan su puesta en marcha, en primer lugar porque la modulación produciría deslocalización de las ayudas. Las regiones que más aportarían en caso de modulación serían Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura, regiones que, cuando se analicen los diversos criterios de distribución de los fondos obtenidos en la Conferencia Sectorial y se fijen las medidas a financiar, difícilmente recibirían retornos equivalentes a lo aportado, lo que no podrían aceptar. En segundo lugar, porque los importes modulados requieren cofinanciación, y tanto las comunidades autónomas como el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación tendrían que consignar la parte de cofinanciación que les corresponde a cada uno en sus presupuestos como requisito imprescindible para ejecutar políticas financiadas con importes modulados, lo que podría llevar a primar a las comunidades con más posibilidades financieras y a que otras no pudieran emplear los recursos modulados. Hay comunidades que en la actualidad tienen dificultades para financiar sus actuales programas. Y en tercer lugar, porque en la revisión a medio plazo de la Agenda 2000 que la Comisión verificará a partir del próximo mes de junio se prevé una modificación sustancial del sistema de modulación. Deberá ser entonces cuando podamos plantearnos su puesta en marcha.
El Gobierno español ya ha manifestado su criterio respecto de la modulación en el sentido de que, tal y como está configurada en la Agenda 2000, es sólo un margen de libertad concedido a los Estados miembros que podría conducir a distorsión en los mercados, discriminación y agravios comparativos entre los agricultores. Por ello, ha señalado que sólo una modulación comunitaria y uniforme respondería mejor al concepto de la PAC como política común para todos los agricultores europeos, y todo ello sin perjuicio de poder cuestionar el modelo cuantitativo de su aplicación y el destino de los recursos.
La modulación es un instrumento que permite al Gobierno y a las comunidades autónomas obtener financiación adicional procedente de las medidas de mercado para destinarlas a ejecutar políticas de desarrollo rural. Su puesta en marcha, por un lado, no debe suponer una pérdida de competitividad y rentabilidad de las explotaciones agrarias, y por otro, las políticas a financiar mediante este instrumento deben tener un impacto efectivo sobre la mejora de las condiciones de vida en el medio rural.
Lo que no se puede pretender es, en un falso debate, asignar a la modulación un papel de redistribución de rentas que la legislación comunitaria nunca le ha atribuido.
Miguel Arias Cañete es ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
