Los sindicatos fuerzan una mesa para abordar los vacíos legales de la LOU

Las dificultades que se está encontrando la Generalitat para implantar la flamante Ley Orgánica de Universidades (LOU) debido a los 'vacíos legales' y la 'ausencia de un marco normativo estatal' que regule el nuevo modelo de contratación del profesorado forzó anoche un acuerdo, impulsado por los sindicatos UGT, CC OO y STEPV, para que la Dirección General de Universidades se reúna el jueves en Madrid con el ministerio y convoque, a su vuelta, una mesa sindical que prepare una reunión a fondo con todos los equipos rectorales.

La estrategia declarada por el propio responsable autonómico de Universidades, Salvador Forner, hace escasamente dos semanas para que la Comunidad Valenciana fuera la punta de lanza del resto de autonomías en la implantación acelerada de la LOU ha tropezado en el camino con 'profundos vacíos legales', en palabras de uno de expertos juristas que redactó y firmó en julio pasado un documento exhaustivo sobre la polémica reforma universitaria de José María Aznar aprobada con el rechazo de los rectores y la mayoría de grupos parlamentarios. Entonces ya se proponía 'una redacción alternativa' para evitar, precisamente, el actual escenario de incertidumbre.

La urgencia de Forner por implicar a los sindicatos en la nueva fórmula de contratación 'administrativa' que resucita la LOU para el caso de los profesores de universidad asociados, por la vía del decreto autonómico, tropezó anoche con una batería de 'argumentos jurídicos de peso' en contra de las pretensiones del ministerio de Pilar del Castillo contenidas en el documento Bases para el desarrollo autonómico de la LOU, que hace quince días puso sobre la mesa el director general valenciano.

De nada valieron las 'explicaciones jurídicas' del asesor invitado por el director general -el catedrático de Derecho Laboral de la Universidad de Alicante, Francisco López-Tarruella Martínez- en la larga y densa reunión de cuatro horas celebrada anoche en la Consejería de Educación, en la que, incluso, los secretarios generales de UGT y CC OO, Gonzalo Castillo y Manuel Picó, y el responsable del área del STEPV, Toni Viñas, amagaron con levantarse si la dirección general no se comprometía a elevar la negociación al marco legal que le corresponde y que viene aplazando desde hace más de un año: una mesa sectorial en toda regla, que garantice la participación de todos los agentes implicados, entre ellos los responsables universitarios, para abordar en toda su complejidad el diseño del nuevo marco de contrataciones docentes diseñado por el PP para 'fomentar la movilidad' y 'poner fin a la endogamia'.

Problemas en Castilla-León

'Las comunidades autonómas lo tienen muy mal', explica este mismo jurista. 'La Junta de Castilla-León, ya lo ha estudiado y ha llegado a la conclusión de que no se puede regular por decreto [autonómico] algo que no está regulado por una ley superior estatal'.

Los problemas de contratación se extienden a las figuras de los 'contratados doctores', los 'asociados', los 'profesores eméritos', etcétera, con lo cual se hace inviable la implantación real en el sistema universitario español de uno de los pilares para los que fue diseñada la LOU: la contratación del 49% de las plantillas docentes de las universidades, para evitar la excesiva funcionarización.

La presión de los sindicatos valencianos, anoche, y las 'evidencias' que ponen sobre la mesa los vacíos legales de la LOU, forzaron al director general valenciano y brazo derecho de la ministra Del Castillo durante todo el polémico proceso de elaboración y aprobación parlamentaria de la ley, a reunirse este mismo jueves en Madrid con responsables del Ministerio de Educación y, una vez fijados los criterios, convocar inmediatamente 'una mesa sindical, que sirva como antesala de una verdadera mesa sectorial con las universidades incluidas. En esa mesa sindical, Forner se comprometió a enumerar los temas, definir criterios y fijar objetivos. Y, sobre todo, a tratar de aportar claridad, al menos a grandes rasgos, sobre el futuro marco normativo estatal que definirá el posterior desarrollo de los decretos autonómicos. Algo, que inicialmente Del Castillo, no pensaba tener listo hasta junio.