Tras la plata del Piojo
El Valencia repartió en el fichaje de Claudio López casi 400 millones de pesetas entre el representante del jugador, una sociedad argentina desconocida y la AFA
El Valencia, en 1996, acordó pagar 608 millones de pesetas al Racing de Avellaneda por un extremo zurdo y rápido como el viento, Claudio Javier López, el Piojo López. Sin embargo, el club español no destinó todo ese dinero al argentino, inmerso ya entonces en una crisis económica, sino que lo distribuyó entre distintos destinatarios según sus cuentas, a las que ha tenido acceso este periódico. En concreto, sólo consignó al Racing 224 millones. El resto lo repartió así: 159,8 para M. Valle Patiño, un particular; 144,9, para el Club Universitario de Córdoba, una sociedad desconocida, y 79,38 para los Futbolistas Argentinos Agremiados (AFA), es decir el 15% que suele quedarse este colectivo cuando uno de sus miembros se va, traspasado, del país.
¿Quién es M. Valle Patiño? ¿Qué es el Club Universitario de Córdoba? 'Ni idea. Pregúnteselo a quien se lo haya filtrado', responde el consejero delegado del Valencia, Manuel Llorente, responsable de las cuentas del club desde finales de 1995. 'Patiño era el representante del Piojo', explica Jesús Martínez, ex secretario técnico y principal impulsor del fichaje. 'Pero esa otra entidad no sé qué es. Que yo sepa, el Racing tenía toda la propiedad sobre el Piojo', añade.
Así, el agente del delantero se embolsó supuestamente un 25% del fichaje y no el 10% habitual. En cuanto a los 144 millones destinados al Club Universitario no hay noticias. Tan sólo, que López, ahora en el Lazio, nació en Riotercero, en la provincia argentina de Córdoba. 'Ese dinero iría al Racing o al jugador', dice Francisco Roig, presidente entonces del Valencia, que tampoco sabe nada del Universitario.
Desde marzo de 2000, Hacienda está investigando a 18 clubes de la Primera y la Segunda División, entre ellos el Madrid, el Barcelona y el Valencia, a los que reclama unos 35.000 millones de pesetas.
El Valencia declaró al fisco, en diciembre de 1996, una autofactura de 97.372.800 pesetas, es decir el 16% de IVA del supuesto pago al Racing por el Piojo. Sin embargo, ni siquiera la mitad del precio oficial recaló en el club de Avellaneda. Y, según las cuentas del Valencia, 160 millones fueron a manos del representante del jugador.
Los inspectores fiscales sospechan que este sistema permitía a los clubes españoles adelantar parte de los salarios de sus futbolistas, de modo que, al efectuarse en el extranjero, no tributaran a la Hacienda española. Asimismo, los clubes se ahorrarían practicar la retención pertinente del IRPF, el 47%, del dinero asignado presumiblemente a los jugadores.
Las formas de cobro habrían sido, pues, de lo más pintorescas. Claudio López, por ejemplo, fue el destinatario en su etapa valencianista de 179.313.625 pesetas a través de una empresa llamada Kiscowin Sport BV entre abril de 1998 y junio de 1999. En ese periodo el presidente del club era Pedro Cortés, que dejó ese cargo el pasado verano.
¿Qué es Kiscowin? 'Ni idea', vuelve a responder Llorente. En realidad, se trata de una compañía holandesa que actuó de intermediaria entre la entidad valencianista y el Piojo, así como en el caso de Cáceres, un defensa central argentino ahora en el Celta.
El cobro de López a través de Kiscowin figura en la contabilidad del club, pero ni siquiera como derechos de imagen. Estos derechos los percibió a través de otra sociedad, Balron BV, también holandesa -la legislación de este país es comparativamente muy laxa en material fiscal, en especial si las firmas residen en las Antillas holandesas-. El jugador se embolsó unos 38 millones por temporada por este concepto. Una ley española de 1997 fijó en el 15% de la ficha el tope de esos derechos de imagen, si bien los clubes siguieron pagando mucho más de ese porcentaje. Por otro lado, la nómina del Piojo en el Valencia rondaba las 700.000 pesetas brutas al mes, una cantidad insignificante para el total que percibía al año.
Los clubes prevén recibir las actas de Hacienda a principios de enero de 2002. Los ejercicios sometidos a inspección van desde 1996 hasta 1999. Una vez esclarecidas las retenciones que los clubes debían efectuar, los expertos fiscales consultados indican que serán revisadas las correspondientes declaraciones a Hacienda de los propios futbolistas.
