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LA OFENSIVA TERRORISTA
Columna
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Decir sin hacer, hacer sin decir

Emilio Lamo de Espinosa

Quienes en su momento saludaron con alivio el resultado de las pasadas elecciones vascas tienen en las horas presentes motivo de meditación. Pues ya entonces era evidente que el triunfo del Partido Nacionalista Vasco iba a traer esta política ambigua que consiste en decir una cosa que no se acaba de hacer y hacer otra que no se acaba de decir.

Lo que se dice y se hace a medias es la defensa de la libertad de los ciudadanos vascos que viven amenazados a diario por el terrorismo, amenaza que se extiende a los jueces que defienden esa libertad. El PNV se ha posicionado claramente en contra de la violencia; de hecho, siempre lo hizo. Pero es un decir que va siempre acompañado de todo tipo de disculpas o matices, de modo que las detenciones son 'garzonadas', las asociaciones de presos (léase, asesinos convictos) reciben más ayuda que las de sus víctimas, las extradiciones son siempre discutibles y, por supuesto, el terror se excusa como consecuencia de un conflicto político subyacente. Nadie podría decir que el Gobierno del PNV no participa de la lucha contra el terrorismo, pero nadie podría asegurar que está en la vanguardia de esa lucha, como es su deber.

La política sinuosa tiene su contrapartida en lo que se hace sin decir del todo, pues la otra pata de su política es caminar firmemente hacía la independencia por la vía de la desobediencia civil, pero sin acabar de decir ni el nombre del camino ni el de la meta. Nos encontramos pues ante el punto de inflexión de una trayectoria siempre confusa que, tras prometer lealtad a cambio de poder, utiliza el poder para romper el pacto de lealtad. Es indiscutible que el PNV está en su derecho de solicitar una reforma de la Constitución si así lo desea. Pero sólo los niños creen que basta con tener razón; los adultos sabemos que, además, es necesario ejercerla en tiempo y forma. Y el modo como el PNV ejercita su razón adolece de, al menos, tres objeciones principales.

La primera es que no fue ese el mandato de las urnas. El PNV consiguió enderezar a última hora una malhadada campaña electoral justo cuando Ibarretxe rescató el Estatuto de Gernika del baúl de los recuerdos para tranquilizar al electorado, de modo que fue la supuesta moderación del lehendakari, y no la radicalidad de Arzalluz, lo que salió triunfante. Apoyarse en un mandato para hacer lo contrario no es lógica democrática.

Pero esta burla al electorado es inevitable, y de ahí la segunda objeción al procedimiento: la falta de claridad del objetivo. Ibarretxe sabe bien que la mayoría de los vascos (e incluso de los votantes del PNV) están en contra de la independencia; pero sabe también que la mayoría están a favor de la autodeterminación. Y así ha descubierto que debe plantear una pregunta de procedimiento para llevarse la sustancia. Ahora bien, iniciar un referéndum sobre la autodeterminación sin saber para qué ni de qué se autodeterminan los vascos es una trampa que les hace caminar hacia el abismo sin que se den cuenta de ello.

Pero la tercera objeción es la fundamental. Pues incluso si ganara elecciones con un mandato claro, y clarificara sus objetivos, sigue siendo cierto que Euskadi no reúne hoy condiciones para un diálogo político libre, y sin ese requisito es una burla a la democracia plantear ningún cambio sustancial del statu quo. Los jueces son asesinados; los diputados de la oposición siguen con escolta, al igual que los concejales del PP y del PSOE; y sabemos con certeza que más de dos de cada tres vascos no se atreven a hablar de política. En tales condiciones, pretender avanzar hacia el objetivo de la independencia es, ni más ni menos, que aprovecharse del chantaje de ETA a la población, y esto es una ignominia inaceptable. Contra lo que piensa el PNV, no es la independencia la precondición de la paz, más bien sería el inicio de una guerra civil entre ETA y la Ertzaintza. Todo lo contrario: la paz es la precondición indiscutible para cualquier diálogo político democrático que pretenda superar el actual marco constitucional. No es el PSOE quien debe desmarcarse del Pacto Antiterrorista; es el PNV quien debería sumarse.

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