La fiscalía expedienta a un fiscal por el caso de los sumarios de Marbella
La Inspección de la Fiscalía General del Estado, que ha investigado eventuales responsabilidades en relación con el caso de los robos de sumarios en Marbella, ha expedientado a un fiscal sustituto del juzgado número siete por si hubiera cometido una falta disciplinaria. El departamento que dirige Juan José Martínez Zato estima que el fiscal Ramón Luna puede haber incurrido en una falta leve por no comunicar a sus superiores la sustracción de los sumarios en varios juzgados de Marbella.
El fiscal ahora expedientado no sólo no comunicó los hechos a sus superiores como era su deber, sino que además el 1 de agosto se fue de vacaciones. La inspección fiscal subraya el hecho de que el 'borrado y sustracción' afectaba a 'procedimientos penales en los que aparecen inculpados miembros de un ayuntamiento tan conflictivo como el de Marbella'.
Pero en el escrito de Martínez Zato se recoge también un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el que se pone de manifiesto que además hubo dejación de funciones por parte del secretario del Juzgado Decano de Marbella, a quien se le ordenó el 27 de julio que notificase al resto de juzgados la desaparición de sumarios y borrado de archivos informáticos relacionados con Jesús Gil en el Juzgado número 7. La orden no se cumplió hasta el 10 de agosto, una vez que el robo había aparecido en la prensa. La portavoz socialista de Marbella, Isabel García Marcos, ha dirigido un escrito al Ministerio de Justicia para exigir que se sancione al secretario judicial de la localidad.
El decreto de la Inspección Fiscal hace también un relato cronológico sobre la detección de los robos: el 18 de julio, el Juzgado número 7 de Marbella advirtió de que 11 diligencias previas habían sido borradas de forma intencionada. El juez abrió diligencias y trasladó los hechos el 24 de julio a la fiscalía, que se dio por notificada un día después.
