Mas promete 108.000 millones para la inmigración sin precisar cómo se emplearán

Una declaración de buenas intenciones y poco más. Así ven todos los partidos de izquierda el plan interdepartamental de inmigración que el conseller en cap, Artur Mas, presentó ayer en el Parlament y que, pese a explicar en 234 páginas los proyectos de futuro sobre la acogida de inmigrantes en Cataluña, no dice nada sobre cómo se van a financiar. Artur Mas afirmó que la Generalitat invertirá 108.000 millones de pesetas hasta el año 2004 en planes de integración, pero no concretó ninguna partida. El plan augura que la población inmigrante en Cataluña puede duplicarse en cuatro años.

Artur Mas echó mano ayer de sus dotes como gestor para presentar ante la comisión de política social del Parlament el Plan Interdepartamental de Inmigración 2001-2004, un documento cuajado de cifras pero que no especifica el coste de los 133 programas previstos para la integración de inmigrantes ni cómo se van a financiar. Mas se limitó a informar de que la Generalitat ha gastado este año 59.000 millones.

Ante una oposición que recriminó al Gobierno de CiU su poco empuje para solucionar los problemas reales de los inmigrantes, Mas optó por tirar pelotas fuera y quejarse del poco dinero que destina el Gobierno central a su integración. El conseller en cap defendió la creación de un fondo nacional 'para comunidades autónomas y municipios en función del número de inmigrantes que acogen'. Su propuesta, lejos de convencer, provocó airadas críticas de la oposición, que le echó en cara la indefinición del presupuesto para políticas de integración y la voluntad de la Generalitat de trasladar responsabilidades sobre estas materias a los municipios sin darles dinero.

Pasar el rastrilloEl diputado socialista Àlex Masllorens considera que los 59.000 millones de pesetas invertidos este año son producto de una política de 'pasar el rastrillo' por los diferentes departamentos 'sin planificación alguna'. Tampoco le gustó el tono utilizado por Mas. 'A la hora de abordar estos temas, se nota que le falta pasión', dijo Llorens aludiendo a un reproche similar lanzado por el consejero jefe a Pasqual Maragall en el debate de la moción de censura de la semana pasada.

Desde las filas de Esquerra Republicana, Carme Porta afirmó que el plan interdepartamental es 'papel mojado' y, aparte de criticar la indefinición presupuestaria, puso en duda el contenido central del plan al criticar la política de escolarización de los menores inmigrantes. Más allá llegó la diputada de Iniciativa per Catalunya-Verds Dolors Comas, quien atacó los cimientos de la política migratoria de CiU al acusar al Gobierno por su 'falta de compromiso' con los nuevos catalanes. 'El consejero habla que se han invertido 59.000 millones, pero no nos da elementos de análisis. Este documento no me dice nada', afirmó Comas.

Incluso el socio parlamentario de CiU criticó la política sobre inmigración del Gobierno. Daniel Sirera (PP) señaló que el plan no prevé ayudas autonómicas para los municipios pese a que se les insta a hacerse cargo de los costes de la acogida de urgencia de los inmigrantes. Mas invitó a los municipios a buscar fórmulas imaginativas para realizar acción social. 'A nosotros tampoco nos dan dinero, pero lo hacemos', dijo.

El el plan de inmigración recuerda que en Cataluña vivían a finales de 2000 un total de 215.000 extranjeros. Según las previsiones, en 2004 la población inmigrante podrá llegar a una cifra situada entre 350.000 y 500.000 personas, lo que representaría entre un 6% y un 8% de la población. De producirse este aumento, Cataluña se acercaría a las proporciones de Francia y Alemania, donde viven cerca de un 7% de inmigrantes.

Lejos del Parlament, el grupo de inmigrantes que acampan desde la semana pasada en el campus de la Universidad Autónoma de Barcelona comenzaron ayer a ser alojados en pensiones después que los sin papeles se desmarcaran del sindicato CGT. La pasada noche, unos 20 inmigrantes durmieron ya en pensiones facilitadas por Cruz Roja y Cáritas a instancias de la Generalitat. El resto del grupo continúa siendo atendido en la UAB por voluntarios de la fundación Autònoma Solidària. CGT negó ayer haber echado de sus locales a los inmigrantes acampados y criticó que la Generalitat haya solucionado el problema de los sin papeles justo cuando el sindicato dejó de ser vehículo de la protesta de los inmigrantes. El sindicato lo considera 'sospechoso'.